CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Analizar el funcionamiento en el país de las empresas concesionarias de servicio público sanitario, en especial el de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos ESSAL S.A. y los problemas ocurridos en su planta de tratamiento de agua potable, que han ocasionado una emergencia sanitaria y ambiental en la comuna de Osorno, fue el objeto de la sesión especial celebrada esta tarde en la Cámara de Diputados.

El debate, iniciado a las 17:00 horas, fue abierto por los cuatro representantes de la zona afectada, los diputados Javier Hernández (UDI), Emilia Nuyado (PS), Harry Jürgensen (RN) y Fidel Espinoza (PS).

Javier Hernández sostuvo que, durante diez, los 180 mil habitantes de Osorno fueron víctimas de la mentira y humillación por parte de una empresa sin escrúpulos, que optó por la ganancia en vez de la responsabilidad social. "ESSAL se comportó como predador de la codicia; …no les importó la salud de los habitantes sino solo ocultar su negligencia, a esta altura descarada"

Pidió, en representación de los chilenos afectados, que ESSAL se vaya de Osorno y que el Ejecutivo promueva una ley de Osorno, para resarcir el perjuicio económico y moral provocado.

Emilia Nuyado lamentó que el intendente no haya tenido un diagnóstico claro en Osorno y que el Gobierno no haya declarado en la oportunidad "zona de catástrofe". Criticó que no se escuchara la vos de la ciudadanía y que se evitara con ello mayores complicaciones como las que después se vivieron y que afectaron principalmente a las personas más humildes que no tenían para comprar agua embotellada o a los adultos mayores que no se podían trasladar con facilidad a los centros de distribución.

Criticó que no se contara con planes de contingencia y que la empresa no tuviera capacidad de responder en la contingencia. En dicho plano, coincidió en que se debe caducar la concesión de la empresa, discutir la nacionalización del agua y revisar la situación de todas las sanitarias de Chile, para evitar lo ocurrido en Osorno en otra comuna.

Harry Jürgensen sostuvo que es impresentable la situación de precariedad con la que operaba la empresa, sin generador de respaldo y con maniobras para evitar pagar la tarifa eléctrica de invierno, que finalmente propiciaron el derrame de petróleo. "Era una bomba de tiempo que, tarde o temprano, iba a estallar", remarcó, criticando que ello sucediera a la vista de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y otras instituciones del país que deberían haber fiscalizado estas situaciones.

Estimó que la decisión del Gobierno fue clara y fuerte, presionando a ESSAL a realizar las acciones correspondientes con la mayor premura posible, pese a las mentiras y dilaciones promovidas por la empresa. Además, pidió que se le apliquen las mayores sanciones posibles a la sanitaria, incluyendo la caducidad de la concesión, y que el Estado tenga protocolos que pueda activar frente a este típo de situaciones.

En tanto, Fidel Espinoza criticó que la demora que se tomó en abordar la crisis en Osorno no habría pasado en la capital y llamó a que se entreguen respuestas y soluciones a lo que calificó como una de las peores crisis de la zona. Asimismo, criticó que, al día de hoy, el único inculpado sea un trabajador que laboraba en una precaria situación y que no se le asignen las responsabilidades que corresponden a los directivos de ESSAL que quisieron economizar plata a costo de los usuarios.

Dijo que acá se deben aplicar sanciones severas y ejemplificadoras para una empresa que opera con sistemas obsoletos, pero que obtiene ganancias millonarias. Planteó que, si no es posible la caducidad, que al menos se apliquen millonarias indemnizaciones para levantar un plan Osorno, que le permita recuperarse.

En el debate también participaron los/as diputados/as Jaime Mulet (FRVS), Renato Garín (IND), Gabriel Ascencio (DC), Carlos Kuschel (RN), Andrés Molina (Evópoli), Alejandro Bernales (PL), José Pérez (PR), Amaro Labra (PC), Catalina Pérez (RD), Ricardo Celis (PPD), Leonidas Romero (RN), Nicolás Noman (UDI), Diego Ibáñez y Alejandro Santana (RN).

Resoluciones

En la oportunidad se aprobaron sietes resoluciones dirigidas al Presidente de la República:

-674: que solicita aplicar la normativa legal y caducar la concesión sanitaria a ESSAL.

-675: que pide el despliegue de acciones con el objeto de proteger y compensar la situación que afecta a la comunidad de Osorno, luego del corte del servicio de agua potable imputable a la empresa concesionaria de este servicio.

-676: que establezca a la brevedad máxima una mesa público privada con pequeños y medianos emprendedores y trabajadores independientes afectados por el desabastecimiento de agua potable en Osorno, para asegurar una pronta indemnización de los perjuicios sufridos y también para reactivar sus emprendimientos, profesiones y oficios.

-677: caducar la concesión a ESSAL y enviar a la brevedad proyectos para de ley para fortalecer las facultades de fiscalización de la Superintendencia.

-678: que manifiesta la preocupación por la emergencia sanitaria que afecta a los habitantes de Osorno y solicita el término definitivo de la concesión de la empresa y la indemnización de las familias afectadas.

-679: que se envíe un proyecto de ley que garantice la continuidad del servicio de abastecimiento de agua potable.

-680: que impulse las modificaciones legales para facultar a la Superintendencia o a la autoridad pertinente, la facultad de nombrar un administrador adjunto en las empresas sanitarias en las situaciones que se vea gravemente afectado el servicio sanitario para los usuarios.

Ejecutivo

A la sesión concurrieron los ministros de Economía, de Obras Públicas y de Salud, Juan Andrés Fontaine, Alfredo Moreno y Jaime Mañalich, respectivamente. Además, participaron el superintendente de Servicios Sanitarios (S), Jorge Rivas; y el director nacional del Sernac, Lucas Del Villar.

El ministro Jaime Mañalich llamó a no minimizar lo que significa una alerta sanitaria y todas las acciones que pueden ser emprendidas en dicho contexto y que, finalmente, evitaron que se produjera un brote de enfermedad infecciosa en la zona. Sostuvo que un calificación de estado de excepción no habría ayudado en materia de Salud, ya que está dirigida a otros fines, y afirmó que se cumplió con la misión.

Juan Andrés Fontaine informó que se iniciará por parte del Sernac un proceso voluntario colectivo que partirá con la recepción de antecedentes de daños por parte de los afectados y su estimación, para continuar con la fijación de las compensaciones. Acotó que este proceso será llevado tanto para persona naturales como para las micro y pequeñas empresas y anunció que mañana será la primera reunión con representantes de la empresa. De no haber acuerdo, especificó, se continuará con un proceso ante la justicia.

Finalmente, el ministro Moreno calificó el evento ocurrido en Osorno como una enorme crisis y negligente y dijo compartir a nombre del Gobierno la indignación de los habitantes y la preocupación que expresaron los diputados.

Resaltó que, ante el hecho, ministros y subsecretario, así como el superintendente de servicios sanitarios acudieron al lugar y estuvieron todo el tiempo necesario para superar la emergencia, al igual que el intendente y los seremis, que celebraron dos comités de emergencia al día.

Junto con comunicar diversas acciones de apoyo a la ciudadanía, dijo que se inició un proceso de fiscalización a la empresa cuya planta fue completamente contaminada, así como también a todas plantas existentes en el país, de modo de evitar situaciones similares.

Remarcó que se aplicarán las sanciones más severas que establece la ley, dada la gravedad de los hechos. En este plano recordó que la ley establece un máximo de 600 millones de pesos, pero no solo por el corte de abastecimiento, sino por cada infracción cometida, por lo cual se está evaluando cuántas y cuáles son estas y su nivel de gravedad, para establecer la sanción que merecen.

Finalmente, entre otros puntos, anunció que, si bien ya existe en trámite una reforma de los servicios sanitarios, se ingresará un proyecto nuevo sobre la materia que contemplará la aplicación de mayores sanciones, que entregará más atribuciones y recursos a la Superintendencia y que buscará evitar la vulnerabilidad del sistema.