La propuesta toma como base la actual investigación a una serie de hechos de corrupción al interior del Ejército, en donde ya un juez tuvo que abandonar la causa por vencer el límite establecido en la legislación vigente para abocarse al caso y en que su sucesora se ve próxima, nuevamente, a ese tope de tres años.
Con bastante atención mediática y conmoción pública se ha observado el caso de corrupción al interior del Ejército que, conforme a la legislación vigente, se sigue por medio de cortes marciales y en la cual participan jueces de cortes de apelaciones como ministros en visita para llevar adelante las diligencias pertinentes.
Estos magistrados presentan un plazo máximo de tres años para realizar su trabajo, periodo tras el cual debe ser nombrado un nuevo juez, lo que no contribuye a la continuidad de la investigación y que, en el citado caso, ya implicó el reemplazo de Omar Astudillo (noviembre de 2015 a marzo de 2017) por Romy Rutherford, quien hoy se acerca también a cumplir su mandato.
Frente a esta situación, los diputados DC Matías Walker, Gabriel Ascencio y Pablo Lorenzini; PS Leonardo Soto; RN Ximena Ossandón; Evópoli Francisco Undurraga; y RD Jorge Brito, presentaron un proyecto (boletín 12638) que fue perfeccionado en la Comisión de Constitución y que busca hacerse cargo del tema extendiendo el periodo del ejercicio del cargo de ministro en visita.
En concreto, el texto, ahora enviado a segundo trámite al Senado modifica el Código de Justicia Militar estableciendo que la Corte Suprema, por acuerdo del pleno, podrá extender el plazo de duración en el cargo de ministro en visita en corte marcial hasta por dos años, principalmente, en aquellos casos en que este magistrado se encuentre investigando causas de alta complejidad, duración e impacto público.
Así, con un mayor plazo como integrante de la corte marcial, se evita que ministros que llevan años a cargo de un proceso dejen su cargo y asuma otro que debe iniciar el estudio de miles de fojas con la consiguiente dilación en la dictación de las sentencias y el cumplimiento de las penas que se deben aplicar.
Con este cambio, se cita en el informe, se espera dar continuidad a este tipo de procesos de alta connotación pública, con decenas de tomos y cuadernos, con montos defraudados altísimos y con oficiales de alta graduación que, con su accionar, no solo han actuado delictualmente, sino que han perjudicado a una institución muy necesaria para el país, afectando, además, el trabajo profesional de miles de funcionarios.
La propuesta fue aprobada en general y en particular por 100 votos a favor y una abstención.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS