La Sala de la Cámara aprobó por unanimidad el texto emanado de la Comisión Investigadora sobre los actos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y otros actos del Gobierno, en lo relativo al nombramiento y denuncias sobre la conducta de jueces y empleados judiciales de la región de O' Higgins.
Con un contundente respaldo de 112 votos a favor, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la comisión investigadora que indagó sobre los diversos actos de corrupción cometidos por tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, respecto de los cuales la Corte Suprema decidió remover a estos del Poder Judicial, por resolución firme y ejecutoriada.
En el documento, la instancia estima que los hechos que motivaron la creación de la comisión, referidos a sus nombramientos, así como la recepción, tramitación y resolución de las denuncias relativas a su comportamiento, “son de extrema gravedad, puesto que atentan contra el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la debida administración de justicia”.
Asimismo, se señala que la investigación desarrollada por la ministra en visita, Rosa María Maggi, constituyó un tajante rechazo de estas conductas al interior del Poder Judicial, lo que fue ratificado por la Corte Suprema al remover a estos funcionarios judiciales.
En tal sentido, en el documento se valora esa decisión “que permite restablecer, en parte, la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad y la seguridad jurídica y, además, debe instar a los poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), en sus respectivas competencias, a ejercer con mayor rigurosidad sus atribuciones con el objeto de detectar posibles situaciones similares en otras jurisdicciones, prevenir posibles hechos de corrupción en el Poder Judicial y reformar su institucionalidad, de tal manera de asegurar el correcto ejercicio de la función jurisdiccional”.
El texto aprobado, además, concluye que los sistemas de nombramiento de los ministros de Tribunales Superiores de Justicia, auxiliares de la administración de justicia (notarios, conservadores, etcétera) y también de los fiscales del Ministerio Público, merecen una inmediata y urgente revisión y reforma, puesto que han demostrado tener carencias desde el punto de vista de su formación y control.
Propuestas de la comisión
En cuanto a las propuestas elaboradas por la instancia, se destaca que el procedimiento para investigar la responsabilidad disciplinaria de los integrantes del Poder Judicial, hoy regulado en actas de la Corte Suprema, “debe ser consagrado con rango legal, para garantizar un debido proceso y la necesaria defensa del afectado ante cualquier investigación de orden administrativo que se siguiere en su contra, además de optimizar los patrones de objetividad y certeza al interior del Poder Judicial, con miras a asegurar la publicidad para el investigado y su derecho a una efectiva defensa”.
En cuanto al sistema de nombramientos de los jueces y ministros de Corte, de auxiliares de la administración de justicia, fiscales del Ministerio Público y carrera funcionaria judicial, existe consenso en que las normas vigentes deben ser modificadas en orden a limitar sus disposiciones a aquellos principios rectores del sistema de nombramientos de jueces y a los mecanismos para garantizar dichos principios, junto a aquellos atributos mínimos e inexcusables que deben exigirse para el ingreso al Poder Judicial.
Finalmente, la comisión insta al Poder Ejecutivo a tener en consideración en el anteproyecto de ley que está en elaboración, las propuestas que han sido presentadas en el Congreso Nacional, entre otros, la que modifica la Carta Fundamental para crear el Consejo Nacional de la Magistratura y el Ministerio Público.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS