Lo anterior, en el contexto del “Conteo nacional de niños, niñas y adolescentes en situación de calle” donde podrían ser víctimas 547 menores que fueron encuestados, a fin de que se restituya, en el más breve plazo, sus derechos vulnerados.
Por medio de un proyecto de acuerdo, la Cámara de Diputados sugirió al Ejecutivo que, en el contexto del “Conteo Nacional de niños, niñas y adolescentes en situación de calle”, se pongan en conocimiento de los tribunales competentes las vulneraciones de que podrían ser víctimas 547 niños, niñas y adolescentes en situación de calle que fueron encuestados, para que se restituya, en el más breve plazo, sus derechos vulnerados.
El documento señala que, con fecha 9 de octubre de 2018, se adjudicó la licitación pública para contratar el “Servicio de conteo a nivel nacional de niños, niñas y adolescentes en situación de calle (NNASC)” al proveedor Corporación de Derecho Privado Universidad Alberto Hurtado.
Agrega que se contaron 547 casos de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, en todas las regiones del país y distribuidos en 80 comunas, donde la mayor proporción de casos se encuentra en las regiones Metropolitana, Los Lagos, Valparaíso y Biobío.
En ese plano, el resumen ejecutivo plasmó que cinco 5 niños, niñas y adolescentes en situación de calle no estaban en condiciones de ser encuestados por consumo de sustancias.
En relación a ello, el texto plantea que la principal sustancia ingerida es el cigarrillo, en conjunto con la marihuana y el alcohol. El 79,2% de los/as NNASC declaró consumir cigarro y el 61,9%, marihuana. En el caso del alcohol, la prevalencia de consumo de los/as NNASC es de 46,3%. Se destaca, en comparación a otros estudios, un alto consumo de pastillas sin receta, cocaína y pasta base (22,3%, 19,1% y 14,1%, respectivamente).
El documento añade que, hasta la fecha, no se cuenta con información disponible acerca de si los antecedentes conocidos, con ocasión de los reportes periódicos y del preinforme final, fueron, a su vez, puestos en conocimiento de las respectivas autoridades competentes, para alertar de las específicas vulneraciones de que podrían haber sido o haber estado siendo víctimas los menores, esto es, el Juzgado de Familia para el control y ejercicio de las medidas proteccionales, respecto de los menores y la presentación de una denuncia por eventuales hechos constitutivos de delito.
El proyecto de acuerdo fue presentado a la Cámara por los/as diputados/as Natalia Castillo (RD), René Saffirio (IND), Carolina Marzán (PPD) y Raúl Soto (DC).
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS