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Aprueban extender negociación del Ministerio de Transporte con servicios de transporte público

Publicado el 21 de noviembre del 2019

En esta extensión de plazo se espera que el Ejecutivo pueda acordar mejoras en el servicio, así como la pronta aplicación de la rebaja en la tarifa de los adultos mayores, acordada en el contexto de la Ley de Presupuesto 2020.

Proponer una extensión de tres años al período en el cual el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones puede negociar directamente con los responsables de servicios de transporte público es la idea matriz del proyecto (boletín 12097) aprobado por la Cámara y despachado al Ejecutivo para su promulgación como ley.

La propuesta también busca mantener vigentes (2018-2022) facultades regulatorias del Ministerio que permiten incorporar mejoras de calidad o rebajas de tarifa a través de los actuales prestadores; y terminar con las prórrogas continúas de condiciones de operación en zonas que estuvieron licitadas desde 2002.

También se espera que estas negociaciones promuevan aprendizaje para los operadores en uso de indicadores de calidad de servicios (KPI, SLA), empresarización y uso de tecnología en la operación y/o medios de pago. Además, se espera abordar con los operadores durante esta extensión de plazo cómo se aplicará de manera rápida el beneficio de tarifa especial para los adultos mayores.

Este último beneficio, acordado en el contexto de la Agenda Social que impulsa el Gobierno y en el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos para 2020, consistiría en una rebaja del 50% de la tarifa normal vigente al 1 de noviembre de 2019, para el 100% de los adultos mayores de 65 años, en todos los servicios de transporte público mayor remunerado de pasajeros.

Lo anterior incluye: los servicios establecidos mediante bases de licitación que se formulen en el marco de una concesión de uso de vía; los servicios que reciban subsidios dispuestos en la Ley 20.378; o en el establecimiento de un perímetro de exclusión; o en los contratos para el establecimiento de condiciones de operación, sea que todas ellas se encuentren vigentes al momento de su prórroga u otro tipo de autorización de operación.

Perímetros de exclusión

El proyecto, asimismo, busca solucionar problemas de interpretación con la Contraloría General de la República (CGR) respecto de los perímetros de exclusión, que son aquellas áreas geográficas asignadas a un servicio de transporte público por medio de una regulación operacional que rige por un plazo determinado y que define tarifas y horarios específicos, entre otras materias que pueda exigir el Ministerio de Transportes.

Cabe mencionar que los perímetros en trámite se encuentran en las siguientes fases, según lo informado por el Ejecutivo:
Aprobados: Castro y Villarrica.
En Toma de Razón ante la CGR: Quellón y Quintero.
En Toma de Razón retenidos: Iquique-Alto Hospicio, Gran Valparaíso y Calama.
En el Ministerio Hacienda: Antofagasta y Linares.
En Panel de Expertos: Valdivia.

Se especificó que las diferencias de interpretación con la Contraloría impiden que algunos perímetros salgan de dicha entidad (en toma de razón retenidos) y entren a operar. Se explicó que parte del problema radica en definir el hito de partida del convenio con la empresa respectiva, lo que se espera resolver con esta propuesta legal, al determinarse que comenzará a regir una vez totalizada la tramitación administrativa que apruebe el perímetro en cuestión.

En el debate, las y los parlamentarios expusieron las diversas necesidades de transporte público en sus respectivas regiones; las carencias que debieran suplirse en materia de conexión y en calidad de servicio; al tiempo que se valoró la rebaja en los pasajes de los adultos mayores que se materializará tras la aprobación del Presupuesto 2020.

El proyecto fue aprobado en general y en particular por 114 votos a favor, once en contra y diez abstenciones.