El planteamiento se fundamenta en que, en décadas, nuestro país viene experimentando un acelerado proceso de envejecimiento, en donde la población mayor alcanza a más de dos millones de personas.
La Cámara de Diputados solicitó al Presidente de la República instruir al Ministro de Desarrollo Social y Familia y demás organismos de la administración competentes, elaborar planes y programas tendientes al mejoramiento de la fiscalización de las condiciones de infraestructura y sanitarias por las que se desenvuelven los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores.
La acción está destinadas fundamentalmente a sancionar a los responsables de mantener a estas personas en condiciones indignas y también a prevenir la proliferación de centros de larga estadía clandestinos.
En esta línea, los y las parlamentarias solicitaron a través de la resolución 620 fomentar un aumento en la cantidad de fiscalizadores, mayor periodicidad en las mismas y sin previo aviso, incrementando para ello, los recursos públicos para su adecuada ejecución. A ello, se suma la creación de un registro único de hogares de adultos mayores privados, con el objeto de asegurar mínimos estándares de calidad del servicio en beneficio y protección directa de los residentes en tales recintos.
El planteamiento se fundamenta en que, en décadas, nuestro país “viene experimentando un acelerado proceso de envejecimiento, en donde la población mayor alcanza a más de dos millones de personas y en donde los problemas y desafíos que depara el futuro, y que plantea el presente, son múltiples y complejos”.
Salud, pensiones, recreación, educación y buen trato constituyen tópicos de la máxima importancia a nivel de la agenda pública, que deben ser observados con seriedad por las autoridades políticas y legislativas a efecto de otorgar a este segmento de la población las condiciones basales para su bienestar, tanto material como espiritual.
A ello se suma lo que plantea nuestra Constitución Política de la República que establece expresamente (inciso 4° del artículo 1) que "el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece".
La resolución 620 fue presentada por las/os UDI Sandra Amar, Rolando Rentería, Nino Baltolu, Cristhian Moreira y Virginia Troncoso; independientes Érika Olivera, René Alinco y Pedro Velásquez; RN Aracely Leuquén; y CS Gonzalo Winter.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS