Con este fin fue invitado el Fiscal Nacional del Ministerio Público, Jorge Abbott, quien concurrió junto al fiscal metropolitano centro norte, Xavier Armendariz, el fiscal metropolitano sur, Héctor Barros, y la fiscal gerente de la División de Estudios de la Fiscalia Nacional, Nelly Salvo.
Analizar el modo en que se han desarrollado las distintas etapas investigativas y de juicio respecto de aquellas personas que han sido puestas a disposición del Ministerio Público por su participación en actos vandálicos en el marco de las jornadas de vulneración del orden público perpetradas en las últimas semanas en Chile, fue el objetivo de la sesión especial de la Cámara de Diputados.
Con este fin fue invitado el Fiscal Nacional del Ministerio Público, Jorge Abbott, quien concurrió junto al fiscal metropolitano centro norte, Xavier Armendariz, el fiscal metropolitano sur, Héctor Barros, y la fiscal gerente de la División de Estudios de la Fiscalia Nacional, Nelly Salvo.
El debate, motivado por una presentación suscrita por 59 diputados y diputadas, fue iniciado por la jefa de bancada de la UDI, diputada María José Hoffmann (UDI). En su intervención, la legisladora señaló que, en las últimas semanas, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) han participado en más de dos mil 500 eventos graves de saqueos y destrucción de la propiedad pública y privada.
De acuerdo a sus antecedentes, se habría detenido a más de 21 mil personas, con un promedio de 400 al día. “Pero ¿qué ha pasado con los detenidos, qué rol ha tenido el Ministerio Público, cuántos han quedado en prisión preventiva, cuántos han tenido salidas alternativas y con cuántos seguirá hasta el final del proceso?”, consultó la diputada.
La jea de bancada UDI cuestionó “por qué no se aplica el mismo criterio en el caso del concejal de La Calera con el resto de los participantes de saqueos. Por qué no piden lo mismo a quienes caen hasta dos, tres o cuatro veces por el mismo delito”. A juicio de la diputada, “el Ministerio Público no ha estado a la altura de su mandato constitucional”.
En la sesión también intervinieron los/as diputados/as Sebastián Torrealba (RN), Carmen Hertz (PC), Enrique Van Rysselberghe (UDI), Matías Walker (DC), Diego Schalper (RN), Javier Macaya (UDI), Mario Desbordes (RN), Fidel Espinoza (PS), Félix González (PEV), Jaime Mulet (FRVS), Leonardo Soto (PS), Gonzalo Fuenzalida (RN), Claudia Mix (Comunes), Esteban Velásquez (FRVS), Sebastián Álvarez (Evopoli), Maite Orsini (RD) y Gabriel Silber (DC).
Fiscal Nacional
Tras las intervenciones de las y los diputados, tomó la palabra Jorge Abbott. En su intervención señaló que la Cámara de Diputados representa a la ciudadanía, en consecuencia, estimó importante dar cuenta, desde la autonomía del Ministerio Público, lo que han realizado durante en este proceso que a afectado a la sociedad.
El fiscal fue claro en señalar que se les emplazó, en varias ocasiones, respecto de actuaciones del Ministerio Público que no están dentro de las facultades que el organismo tiene constitucionalmente.
En la ocasión se entregó cifras de los procedimientos que han realizado desde el estallido social hasta principios de diciembre, donde se realizó además una comparación con el mismo periodo del año anterior.
En cuanto al ingreso total de imputados, señaló que, entre el 18 de octubre y el 6 de diciembre hubo, 219.615 (en 2018, la cifra llegó a 213.042). Las audiencias en control de detención subieron de 37.063 a 39.184. De estos, 33.456 fueron por detenciones en flagrancia, lo que significa un 85% del total, con un incremento del 12% respecto del año anterior.
Frente a estas cifras, la máxima autoridad del Ministerio Público señaló que “el estado de derecho está funcionando normalmente”.
Señaló también que los delitos de mayor frecuencia fueron el robo en lugar no habitado, que tuvo un aumento de 156%, en comparación a 2018. También aumentó el maltrato a carabinero, en un 52%. Sin embargo, disminuyeron los delitos de hurto simple, en 50,1%; tráfico de drogas, en 57%; y 49%, el robo por sorpresa.
Asimismo, mencionó que la ilegalidad de las detenciones aumentó desde 1,5% a 3,9%, respecto de 2018. Esto, a su juicio, porque el personal policial que ha participado en la detención de flagrancia no es personal especializado y no reúne los antecedentes necesarios.
El fiscal, además, destacó la necesidad de contar con una mejor tecnología de reconocimiento facial para poder atribuir con mayor precisión la participación de las personas en delito. Además de la “tremenda dificultad” que han tenido con las policías para este trabajo, pues que están mayoritariamente dedicados al resguardo del orden público, generándose falencias en los equipos.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS