En la resolución se critica que los capellanes castrenses presenten privilegios especiales respecto de otros representantes de las iglesias, con sueldos muy superiores y beneficios asociados a sus cargos militares.
Solicitar al Presidente de la República que instruya al Ministerio de Defensa para que derogue las remuneraciones y beneficios, conferidos a los capellanes de las Fuerzas Armadas y de Orden, es el objetivo de la resolución 639, aprobada por la Cámara de Diputados por 81 votos a favor, 37 en contra y 28 abstenciones.
En el documento se plantean también otras modificaciones:
a. Que los pastores, obispos o sacerdotes, nunca dejen de pertenecer a sus iglesias.
b. No vistan uniformes militares.
c. No posean un grado.
d. Su remuneración, sea equitativa a la de cualquier autoridad eclesiástica.
El texto indica que, actualmente, en las Fuerzas Armadas hay sacerdotes con rango militar y sueldos millonarios, financiados por el Estado de Chile: los llamados capellanes castrenses.
Se informa que el capellán general del Ejército ostenta el grado de general y recibe una remuneración acorde a ese grado y cargo, que supera los cuatro millones de pesos mensuales, aparte de otros beneficios como vivienda, salud y vehículos. Dicha situación, se repite en todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden del País.
Frente a estos acontecimientos, se relata, el 31 de agosto de 2018, se recurrió a la Contraloría General de la República, para que pueda determinar la legalidad en el pago de las remuneraciones y beneficios a quienes prestan asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas y de Orden. Este nivel de remuneraciones resulta chocante, sobre todo, cuando se tiende a comparar el mismo rol que cumplen los Obispos y Capellanes fuera de las Fuerzas Armadas, que podría eventualmente llegar a los $500.000 mensuales.
Se resalta que la intención de esta proposición no es erradicar la fe de las Fuerzas Armadas y de Orden, ya que, por el contrario, se considera relevante e histórico que los pastores, obispos o sacerdotes presten un servicio eclesiástico.
"Sin embargo, a este nivel, se pone en duda, no solo la fe pública, sino también los principios de probidad, eficiencia y transparencia, vulnerando la ética y la probidad que uno espera de las autoridades eclesiásticas, quienes por lo demás, han efectuado votos de pobreza y austeridad", se plantea.
La idea fue expuesta a la Sala por los/as RN Leonidas Romero, Aracely Leuquén, Andrés Celis y Miguel Mellado; e independientes Pablo Prieto y Érika Olivera.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS