En la resolución se remarca la necesidad de regular por la vía de un proyecto de ley la entrega de estos y otros beneficios para los trabajadores a honorarios del Estado.
Por 106 votos a favor, la Sala respaldó la resolución 660, que considera urgente subsanar el vacío legal respecto a las condiciones contractuales de los profesionales contratados a honorarios por la administración pública.
En el documento se plantea que, si bien se encuentra regulada su obligación de cumplir funciones con estricto apego al principio de probidad administrativa, no existe ningún derecho o beneficio que la legislación le reconozca por el hecho de cumplir una función pública, limitándose actualmente la norma a precisar que "se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato".
Lo ideal, señalan los autores, sería legislar una nueva Ley de Plantas en los servicios Públicos. Sin embargo, ello implica contar con recursos financieros de envergadura de mayor y largo plazo.
En este sentido, consideran necesario subsanar al corto plazo la situación contractual de los contratados a honorarios, reconociéndoles, al menos, un mínimo de derechos universales que les permita acceder a una serie de beneficios que el resto de los trabajadores públicos sí gozan, tales como: feriado anual de quince días hábiles, con goce de honorarios respecto de aquellos profesionales que tengan más de un año de servicio; y hacer uso de licencias médicas, en la medida que el profesional honorario esté cotizando el 7% para salud, ya sea en Fonasa o en una Isapre, entre otros derechos.
Los autores de la resolución son los diputados RN Bernardo Berger, Camila Flores, René Manuel García, Jorge Rathgeb, Leónidas Romero y Ramón Galleguillos, junto al Evópoli Sebastián Álvarez.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS