CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Analizar con el Ejecutivo los aspectos vinculados al impacto económico de la crisis social que vive nuestro país desde el 18 de octubre y las medidas que se adoptarán para darle solución fue el objeto de la sesión especial realizada en la Sala de la Cámara de Diputados, entre las 17:00 y las 18:45 horas.

En representación de los 58 legisladores solicitantes del encuentro intervinieron los diputados Sebastián Álvarez (Evópoli) y Andrés Longton (RN). El primero resaltó la importancia de esta convocatoria para visualizar la situación de las que llamó "víctimas colaterales" del estallido social. "Es un grupo significativo de chilenos que tienen un fin: emprender, construir y hacer de sus sueños una realidad, generar empleo y contribuir al desarrollo de nuestro país", remarcó.

Sostuvo que muchos de estos emprendedores han sido violentados y humillados y, en algunos casos, han visto destruido sus respectivos proyectos. Recordó los efectos directos del movimiento social en la actividad económica, como son la disminución de las ventas y ser objeto de amenazas, ello en un contexto en que deben continuar pagando arriendo, sueldos, cuentas e impuestos, para mantener el negocio.

Llamó a defender al 95% de las empresas de nuestro país que son pymes, "luchadores sociales sin capucha que producen empleo y pagan impuesto" y se mantienen en una suerte de incertidumbre, particularmente porque los saqueos y la violencia aun no terminan. "Es necesario devolver la dignidad a las familias, que necesitan apoyo legal y económico", apeló al Ejecutivo.

Andrés Longton señaló que la presente crisis requiere de soluciones, por medio de reformas estructurales y no cosméticas. Asimismo, criticó que los emprendimientos de miles de chilenos fueron objeto del actuar de delincuentes y vándalos "que no quieren paz, que no quieren cambios y que solo buscan hacer daño y generar caos para desestabilizar a todo un país".

"Cuando se queman o saquean locales comerciales no pierden los que más tienen, pierden los trabajadores que en base a ese sueldo mantienen a toda una familia", recalcó, llamando a proteger a esas personas que con sacrificio salieron de la pobreza y que hoy viven constantemente con el temor de volver a ella.

Recordó que la crisis traerá como efecto más de 176 mil despidos por necesidades de la empresa, lo que equivale a un aumento del 145% respecto del año anterior. Asimismo, destacó el importante impacto en las ventas y en el turismo. En este plano, junto con valorar propuestas legales ya en trámite y anunciadas, solicitó al Ejecutivo que trabaje en forma mancomunada con las pymes medidas y proyectos que las beneficien.

En la sesión también intervinieron los/as diputados/as Jorge Alessandri (UDI), Renato Garín (IND), Miguel Mellado (RN), Jaime Naranjo (PS), Sofía Cid (RN), Raúl Soto (IND), José Pérez (PR), Harry Jürgensen (RN), Boris Barrera (PC), Leonidas Romero (RN), Pedro Velásquez (IND) y Gonzalo Winter (CS).

Ejecutivo

El ministro de Economía, Lucas Palacios, recordó que la economía se proyectaba antes del estallido social con buenas perspectivas para el segundo semestre de 2019. "Se generó un quiebre, un quiebre en la confianza de inversionistas, porque para que este sistema funcione de buena forma, con inversión de chilenos y extranjeros, tenemos que generar las condiciones", planteó.

Sostuvo que va a existir un desempleo que aún no se refleja en rigor en las cifras actuales del INE y que solo vendrían a aparecer hacia marzo a abril. "Esperemos que no lleguemos al 10%", acotó.

Indicó que desde el Gobierno se generaron medidas para el auxilio de las micro y pequeñas empresas afectadas por el vandalismo y una menor venta y que han tenido como objetivos inyectar liquidez y mitigar el efecto de la desaceleración en el empleo. En este marco dijo que existe una agenda de reactivación económica que involucra US$5500 millones y anunció la implementación de un plan de ayuda para las personas sobreendeudadas, que podrán postergar sus cuotas al menor costo posible.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo que, a septiembre, la proyección de crecimiento para 2019 era de 2,6%, cifra que aumentaba a 3,3% en 2020. Resaltó que las cifras tuvieron que ser revisadas a la baja: 1% para 2019, donde resta agregar el resultado de diciembre; y de 2,3% para 2020. "Volvimos a modificar el escenario central, que hoy es de 1,3%, cifra algo mayor que lo indicado por el Banco Central", agregó.

Sostuvo que un crecimiento del 1% o 1,3% tiene un efecto 0 o negativo en el per cápita y claros efectos en los ingresos fiscales. "El menor crecimiento en 2019 y 2020 va a implicar tres mil millones de dólares menos para el fisco, lo que equivale 80 mil viviendas sociales; un millón de pensiones básicas solidarias anuales", acotó.

En ese plano, dijo que las cuentas fiscales se encuentran "extremadamente estresadas", con déficit fiscal corriente proyectado para 2020 de 4,7% del producto, lo que en términos gruesos representan 13 a 14 mil millones de dólares.

Por último, señaló que el escenario podrá modificarse en parte por la reforma tributaria que volverá ahora a la Cámara de Diputados en tercer trámite y respecto de la cual indicó hubo cambios en orden a restar de la propuesta la reintegración, que era el corazón de la iniciativa original del Ejecutivo, y de aumentar impuestos al 1% de los mayores ingresos, lo que permitirá en conjunto una mayor recaudación en régimen de US$2200 millones.

Resoluciones

En la oportunidad se aprobaron dos resoluciones. La 867 solicita al Presidente de la República priorizar la tramitación del proyecto de ley que crea el ingreso mínimo garantizado, que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, a fin de apoyar en el tiempo más breve posible a los más de 500 mil beneficiarios que recibirán este subsidio. En la misma línea, se pide que se le dé máxima celeridad a la tramitación de la norma que protege el empleo y fortalece el seguro de cesantía, en vista de los más de 176.000 ciudadanos que han quedado sin trabajo después de los hechos del 18 de octubre.

En relación a las 14.000 mil Mypymes afectadas e identificadas en el catastro del Ministerio de Economía, se requiere focalizar la ayuda económica anunciada por el gobierno a través de Sercotec.
La resolución 868, en tanto, valora la protesta social pacífica de la ciudadanía que se ha manifestado desde el 18 de octubre del 2019, la cual se ha traducido en la expresión de una serie de reclamos por reformas estructurales al sistema político, económico y social del país.

Respecto de los impactos económicos de los últimos meses, se dice que se han visto acentuados por la incertidumbre de los actos del Gobierno ante las necesidades públicas, destacándose una escasa habilidad de conducción política para hacer frente a reformas sociales claras y nítidas expuestas por la ciudadanía.

En este contexto, se llama al Presidente de la República a instruir una política económica que se sustente, principalmente, en la micro y pequeña empresa, que permita aumentar su participación en el porcentaje total de ventas anuales, tanto hacia el sector privado como en el sector público. También solicitan disponer de mayores recursos para subsidios que apoyen la reconstrucción de los negocios de las mypymes que hayan sido afectadas por actos de violencia.