La propuesta, iniciada en dos mociones, una de RN y otra de la DC, fue respalda por el oficialismo y el centro político, pero refutada por parte de la oposición, que criticó la oportunidad para tramitar con prioridad esta materia.
Incrementar el castigo o penalidad respecto de la persona mayor de edad que se vale de un menor para cometer un delito o que lo perpetra con él es el objetivo del proyecto aprobado hoy por la Sala de la Cámara de Diputados y enviado a segundo trámite al Senado.
La propuesta, que modifica el Código Penal en materia de determinación de las penas, fue presentado conforme al texto planteado por la Comisión de Constitución, que fue rendido por la diputada Paulina Núñez (RN).
En el texto se da cuenta de las dificultades que ha tenido la norma vigente para sancionar el punto, particularmente por considerar acepciones ambiguas o que se prestan a confusión, así como un amplio margen de discrecionalidad del juez para aplicar la pena.
En dicha línea, el proyecto avanza reemplazando la disposición actual por una nueva que indica que, en los casos en que tengan participación en un mismo delito individuos mayores de dieciocho años y menores de esa edad, se aplicará a los mayores la pena que les habría correspondido sin esta circunstancia, aumentada en un grado.
En el debate, el oficialismo y el centro político respaldaron la propuesta, estimando que va en la dirección correcta para proteger a la infancia y evitar su entrada al mundo delictual. En tanto, legisladores de oposición, criticaron la oportunidad para tramitar la materia, considerando que las prioridades de las demandas de la ciudadanía están enfocadas en materias sociales y económicas y no en seguridad.
A la hora de las votaciones, en una única votación, la iniciativa fue aprobada por 96 votos a favor, 37 en contra y 14 abstenciones.
Fundamentos
El proyecto se sustenta en dos mociones. La primera, signada con el boletín 12.658, fue impulsada por los RN Mario Desbordes y Gonzalo Fuenzalida.
La iniciativa se fundamenta en que la participación conjunta de adultos y adolescentes en hechos que revisten carácter de delito, como también el incentivar a estos últimos en incorporarse al mundo delictual, constituye una práctica reiterada en la actualidad. "Estas circunstancias constituyen graves atentados a la protección a la infancia y son un obstáculo para que niños, niñas y adolescentes puedan desarrollarse libres de violencia, maltratos y alejados de la delincuencia", se plantea.
Asimismo, se sostuvo que el hecho de incentivar o facilitar el ingreso a la criminalidad a los menores, implica socavar las bases de nuestra sociedad y conlleva atentar contra el núcleo fundamental de la sociedad, como es familia.
Por último, se estimó necesario que la participación de menores en la comisión de delitos, considere una mayor sanción. "El conocimiento por parte de los delincuentes del régimen especial de responsabilidad penal de los adolescentes es precisamente el incentivo para que estos se aprovechen de los efectos de sanciones diferenciadas e incluso la exención de castigo, fomentando su participación en hechos delictivos", se sentencia.
La segunda moción, boletín 12.720, fue presentada por los DC Gabriel Ascencio, Miguel Ángel Calisto, José Miguel Ortiz, Jorge Sabag, Gabriel Silber, Daniel Verdessi y Matías Walker.
En un análisis similar a la propuesta anterior, se señala que es de público conocimiento el aumento significativo de la utilización de niños, niñas y adolescentes en la comisión de delitos por parte de adultos, quienes, aprovechando su inocencia o inimputabilidad (o imputabilidad disminuida) se valen de estos para cometer delitos.
"Estas formas de actuación constituyen actos totalmente reprochables, que atentan contra uno de los grupos más vulnerables, razón por la cual es necesario como sociedad realizar un doble reproche a la hora de perseguir los delitos. Por un lado, perseguir la conducta punible cometida por el adulto, como por ejemplo podría ser el derecho de propiedad afectado en un portonazo y, por otro lado, formular un reproche simultáneo, por cuanto se afecta otro bien jurídico distinto como es la autonomía individual de los menores de edad", se remarca en la moción.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS