En la resolución también se pide la unificación de la legislación vigente y la reconexión de las viviendas a la red pública de alcantarillado de algunas de las poblaciones de la ciudad nortina.
Con una votación de 136 votos a favor y dos abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó la resolución 672, que requiere al Presidente de la República instruir al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y demás organismos de la administración competentes para establecer un plan público orientado a erradicar las comunidades de desagüe, la unificación de la legislación vigente y la reconexión de las viviendas a la red pública de alcantarillado en la ciudad de Arica.
En el documento se relata que las comunidades de desagüe son aquellas que cuentan con un sistema de alcantarillado comunitario y cuya administración y mantención corresponde a los propios usuarios. "Nacen en un contexto histórico particular en Chile, en donde las viviendas debían encontrarse incorporadas al sistema de desechos de aguas servidas y domiciliarias ante una deficiente existencia de red pública de alcantarillado, debiendo entonces los usuarios destinar su desecho conjunto hasta los colectores públicos", se explicita.
Con el avance de la legislación y la tecnología, se expone, el uso, mantención e instalación del alcantarillado se ha orientado a la responsabilidad individual de cada vivienda en su conexión a la red pública. Así, la habilitación de nuevos espacios residenciales incluye estar incorporado a la red según la legislación vigente.
El Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y de Alcantarillado se encuentra vigente y establece la prohibición de proyectar y construir uniones domiciliarias de alcantarillado que sirvan a dos o más inmuebles, salvo los casos expresamente autorizados por ley, como las comunidades de desagüe o la copropiedad inmobiliaria.
"La legislación vigente, la extemporaneidad de la norma, la distinción entre red pública y privada y la existencia aun de comunidades de desagüe hace imposible que las empresas sanitarias con concesión pública puedan intervenir en este tipo de viviendas y redes de alcantarillado, por lo que continúa bajo responsabilidad de los administradores y usuarios finales de dicha comunidad", se resalta en la resolución.
Se remarca, asimismo, que el paso del tiempo y el uso ha favorecido que el alcantarillado de estas viviendas se encuentren con deterioros considerables y difíciles de reparar, por lo que los usuarios han debido solventar sus gastos de manera particular ante una realidad que requiere una mantención más exhaustiva o una renovación de red pública y privada.
Finalmente, entre otros puntos, se plantea que la situación hoy es compleja, pues las comunidades datan de hace más de 50 años, construidas con la legislación vigente para la época, pero que arrastran los daños y consecuencias por el uso, con inminentes daños en la salud de las personas y sus viviendas.
La idea fue planteada por los liberales Vlado Mirosevic y Alejandro Bernales, junto al PS Luis Rocafull.
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