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Aprueban informe de Comisión que investigó irregularidades en el Registro Civil

Publicado el 21 de enero del 2010

Por 39 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención, la Cámara aprobó el informe de la Comisión que investigó las irregularidades relacionadas con asesorías no realizadas por hasta 600 millones de pesos y que fueron encargadas por el ex Director del Registro Civil, Guillermo Arenas, al ex Rector de la Universidad de Santiago (USACH), Ubaldo Zúñiga, para posteriormente ser encomendadas al funcionario del servicio, Humberto Jorquera.

El informe pone de manifiesto un sistema precario de control tanto al interior del Registro Civil, como en la relación de supervigilancia y dependencia que hay en el Ministerio respecto de los servicios descentralizados.

la investigación estuvo presidida por el diputado Felipe Ward (UDI), e integrada además por los diputados Pedro Araya (Ind.), Gabriel Ascencio (DC), Germán Becker (RN), Sergio Correa (UDI), Marcelo Díaz (PS), Andrés Egaña (UDI), Tucapel Jiménez (PPD), Nicolás Monckeberg (RN), Eduardo Saffirio (DC), Laura Soto (PPD) Samuel Venegas (Ind) y Marisol Turres (UDI).

Los hechos fueron detectados por la Contraloría General de la República y hoy son parte de un proceso judicial en el que ya se ha decretado prisión preventiva para el ex Rector de la USACH y se ha formalizado al Jefe de Gabinete del ex Director del Registro Civil, Jorge Lobos, y a los funcionarios de la casa de estudios, Humberto Jorquera, Enrique Araya y Cristián Escalona.

Asimismo, el ex Director del Servicio, Guillermo Arenas, hoy en día se encuentra imputado de varios delitos de fraude al fisco ocurridos durante el periodo de su desempeño en dicho cargo.

Respecto al Servicio de Registro Civil e Identificación, la instancia parlamentaria señala en su informe que en lo relativo al resguardo de las informaciones esenciales, es necesario que se realice una auditoria especifica respecto de los datos existentes en todos aquellos sistemas de mayor riesgo, entre los cuales debiese contemplarse el de Condenas y el de Vehículos Motorizados.

Asimismo, se resalta la necesidad de que el Servicio desarrolle un plan de modernización a mediano y largo plazo, mediante el cual garantice, en el futuro, que las prestaciones y actuaciones se lleven a cabo con la mayor eficacia y eficiencia, entendiendo para ello, el rol relevante que toman los sistemas de gestión integral, el control interno y financiero, como también el seguimiento y actualización de los recursos tecnológicos.


Respecto a la Contraloría General de la República, junto con destacar su labor en las auditorias realizadas, se indica que “resulta difícil de comprender que esta entidad no haya iniciado un proceso de investigación específica, luego de las denuncias efectuadas por una empresa privada de similares características a las recibidas por el Ministerio de Justicia, y que llevó a esta Cartera realizar una auditoría”.

Por ello, el informe sostiene que es necesario que se estudie la forma de hacer obligatoria la transparencia de esas denuncias. “Cabría preguntarse, entonces, cuántas denuncias más existen que no han sido acogidas a tramitación y se han archivado sin que los entes denunciados hayan tomado conocimiento de los hechos y, menos que los denunciantes hayan visto satisfechos su interés porque los hechos sean investigados”.

Rol del Ministerio de Justicia

Asimismo, el informe llama a fortalecer el rol supervisor y fiscalizador del Ministerio de Justicia sobre sus organismos dependientes y relacionados, como es el caso del Registro Civil.

“El tamaño y recursos de este ministerio en su nivel central no resulta proporcional al tamaño y recursos de los servicios bajo su dependencia o supervisión, pudiendo constatarse que, en materia de personal, la dotación de la Subsecretaría de Justicia es de 288 personas, mientras que la dotación total de sus servicios dependientes o relacionados, se eleva a 22.770”, se señala.

En materia de recursos, el presupuesto de la Subsecretaría asciende a poco más de 6 mil millones anuales, mientras que el de sus servicios dependientes o relacionados se aproxima a los 600 mil millones anuales. “Para estos efectos, la Comisión insta al Ejecutivo a incrementar los recursos necesarios para fortalecer las capacidades técnicas y operativas de la Subsecretaría de Justicia, así como a considerar posibles modificaciones legales que fortalezcan los correspondientes mecanismos de control y supervisión, incluyendo la posible creación de una o más Subsecretarías”, como por ejemplo una Subsecretaría de Servicios Penitenciarios y otra específicamente orientada al Sistema de Administración de Justicia.

En relación con los procesos de licitación, la Comisión considera indispensable un involucramiento técnico y supervisión administrativa y política más intensiva por parte del Ministerio de Justicia, más allá del que la ley le exija frente a la naturaleza de un servicio descentralizado.

“Si hubiere obstáculos normativos, deberá analizarse su corrección, en beneficio del interés general del país y de la necesidad de revestir estos procesos de las necesarias garantías de corrección y transparencia”, agrega el documento.

Asimismo, se sugiere que el Ministerio destine equipos técnicos competentes, que tengan como objetivo complementar y revisar el trabajo de comisiones evaluadoras, entregando mayor capacidad de análisis sobre las diversas ofertas que se presenten, como así también brindar el mayor nivel de transparencia a las decisiones que se tomen al adjudicar a determinada empresa, teniendo siempre presente los principios de probidad y eficacia.

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