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Piden restablecer bonificación especial de incentivo al retiro de profesores de básica y media

Publicado el 25 de marzo del 2014

La Ley N° 20.501, de año 2011, estableció un beneficio que podía ascender hasta $20 millones, el que se obtenía calculándose de manera proporcional al horario del cargo en el que se desempeñaba el profesor.

Por 88 votos a favor fue aprobado en la Sala de sesiones de la Cámara, el proyecto de resolución N° 3, que solicita a la Presidenta Bachelet y al Ministro de Educación enviar la Congreso Nacional un proyecto que extienda la vigencia del artículo 9 transitorio de la Ley N° 20.501, para que los profesionales de la educación que hayan cumplido su edad mínima para jubilar puedan hacerlo pero con este beneficio.

Los diputados Rodrigo González (PPD), Fidel Espinoza (PS), Lautaro Carmona (PC) Mario Venegas (DC), Yasna Provoste (DC), Gabriel Boric (IND), Giorgio Jackson (IND), Marcos Espinosa (PRSD) y Camila Vallejo (PC), autores de la iniciativa, señalaron que “la norma que estableció el beneficio de bonificación por retiro voluntario actualmente ya no está vigente, se justifica plenamente, solicitar al Ejecutivo que estudie su prórroga al menos en las mismas condiciones actuales, permitiendo por cierto su plena su plena compatibilidad con el denominado bono post laboral”.

El cuerpo legal, sobre calidad y equidad de la Educación, estableció en su disposición novena, el retiro voluntario para los trabajadores que durante el año escolar 2011 pertenecieran a la dotación docente municipal, administrada directamente o a través de corporaciones dependientes de estas, y que al 31 de diciembre del 2012 tuvieran 60 o más años si son mujeres o 65 si son hombres y renunciaran a dicha dotación docente.

Argumentan que los beneficios establecidos en el cuerpo legal N° 20.501 fueron repetidos, con otros montos, en el artículo segundo transitorio de la Ley 20.158 (año 2006). A juicio de los legisladores, ello solo demuestra la preocupación de los dos últimos gobiernos por mejorar las condiciones de salida de los funcionarios del sector educacional.

Finalmente, resaltaron que por la naturaleza de sus servicios profesionales y su bajo nivel de remuneraciones, requieren de una atención especial por parte del Estado, con la finalidad de compensar el esfuerzo desplegado tras una vida al servicio de la educación de los niños y jóvenes del país.