De acuerdo al proyecto de resolución presentado por la diputada Karol Cariola junto a un grupo de parlamentarios de la Nueva Mayoría, aprobado este martes por la Sala, cerca de 11 mil funcionarios públicos fueron exonerados "sin ninguna justificación basada en el desempeño laboral de los perjudicados".
El proyecto de resolución N° 93, recibió 65 votos a favor, 39 en contra y 1 abstención. Se trata de una propuesta enviada a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, para que se adopten todas las medidas necesarias para reparar esta situación y revalorar a los trabajadores de la administración pública despedidos durante la administración del Presidente Sebastián Piñera.
De esta forma, se pide determinar el número exacto de funcionarios despedidos bajo condiciones arbitrarias, considerando sus calificaciones, la función que ejercían al momento de su desvinculación, el régimen contractual al que se encontraban sujetos y su reemplazo en la misma función.
Además se indica que "por imperativo ético del Estado", deben crearse instancias de reparación para los exonerados sin justificación. Como primera y más urgente medida, se propone el reintegro laboral al servicio público, en las mismas condiciones de antes de la exoneración. Se agrega una reparación económica por ingresos no percibidos, pérdida patrimonial y lagunas previsionales entre otros efectos graves. En tercer lugar se pide una reparación moral por haber sido afectados en su trayectoria funcionaria; y por último, otorgar el aval del Estado para conseguir un crédito blando que les permita solventar el endeudamiento que debieron asumir.
El texto exhorta al Ejecutivo a generar mecanismos y adoptar soluciones para construir estabilidad laboral para sus funcionarios, "la que se ha visto profundamente vulnerada merced a los débiles regímenes contractuales bajo los cuales desarrollan sus funciones los trabajadores del sector público, particularmente mediante las figuras de contrata y el contrato a honorarios".
Finalmente, el proyecto de resolución indica que el gobierno debe incluir dentro de los beneficiarios del seguro de cesantía a los trabajadores fiscales, "inexplicablemente excluidos de estas políticas que apuntan a construir un Estado Garante de Derechos. La exclusión de los funcionarios públicos de este derecho laboral de carácter universal, es injusta y arbitraria y deben adoptarse todas las medidas para reparar con urgencia esta situación".
La iniciativa fue presentada por los diputados Karol Cariola (PC), Daniel Núñez (PC), Guillermo Teillier (PC), Claudio Arriagada (DC), Víctor Torres (DC), Cristina Girardi (PPD), Enrique Jaramillo (PPD), Fidel Espinoza (PS), Daniel Melo (PS) y Manuel Monsalve (PS).
Contó además con la adhesión de los diputados PC Hugo Gutiérrez y Camila Vallejo; DC Juan Morano, Sergio Ojeda, José Miguel Ortiz, Yasna Provoste, Jorge Sabag, René Saffirio y Mario Venegas; PPD Loreto Carvajal, Guillermo Ceroni, Daniel Farcas, Ramón Farías, Jorge Insunza, Felipe Letelier y Joaquín Tuma; PS Jenny Alvarez, Daniella Cicardini, Luis Lemus, Luis Rocafull, Raúl Saldívar, Leonardo Soto y Christian Urízar; e independiente Roberto Poblete.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS