La resolución busca, además, que en esta evaluación se consideren los eventuales cambios en la tasa de reinserción social y de reincidencias de los reos condenados que han podido obtener la libertad de condiciones por medio del sistema de tobilleras.
Por 89 votos a favor, 0 en contra y 8 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución 740, que solicita al Ejecutivo realizar una evaluación del sistema de Tobilleras Electrónicas.
La petición fue planteada la Cámara por un grupo transversal de parlamentarios compuesto por Jorge Sabag (DC), Arturo Squella (UDI), Daniel Farcas (PPD), Renzo Trisotti (UDI), Leonardo Soto (PS), Juan Antonio Coloma (UDI), Alejandra Sepúlveda (MIRAS), Cristián Monckeberg (RN), Giorgio Jackson (RD) y Juan Luis Castro (PS).
En el texto, los parlamentarios manifestaron que la cantidad de personas presas en nuestro país, ya sean condenados, rematados o imputados, nos convierte en el segundo país de la OCDE con mayor población penal en términos porcentuales, detrás de Estados Unidos.
Resaltaron que esta situación, además de ser indigna para las personas que se encuentran recluidas, genera problemas adicionales en cuanto a seguridad y salubridad, todo lo cual se confabula para reducir las posibilidades de reincidencia entre quienes han entrado en un estado de conflicto con la justicia.
Agregaron que la excesiva concentración de personas en un recinto cerrado impide la posible mantención de vínculos familiares y sociales y propende al aprendizaje de nuevas técnicas delictivas, por lo que resulta urgente buscar alternativas a la reclusión, al menos para los delitos de menor connotación.
En ese contexto, insistieron, vuelve a aparecer la idea de las tobilleras electrónicas, que tienen un indudable efecto disuasivo y sirven como medio de prueba de nuevos delitos y de infracción a los términos de libertad condicional, como la prohibición de acercamiento a las víctimas en los casos de violencia intrafamiliar.
Argumentaron que es necesario tomar en cuenta el tema presupuestario, ya que la mantención de un recluso cuesta mensualmente entre 360 mil y 600 mil pesos, mientras que las tobilleras tienen un costo para el mismo periodo cercano a los 125 mil pesos, sin considerar el ahorro en horas de trabajo para los funcionarios de Gendarmería, el mejor control de los beneficios intrapenitenciarios, la prevención de fugas durante los traslados de los reos y los motines al interior de los penales, agregándose con las nuevas tecnologías un mejor control por vía telefónica y computacional.
Finalmente, añadieron que la resolución busca también que se consideren los eventuales cambios en la tasa de reinserción social y de reincidencias de los reos condenados que han podido obtener la libertad de condiciones por medio del sistema de tobilleras, la distribución de estos elementos a lo largo del territorio nacional, los tipos de delito que se han visto favorecidos con este sistema, las fallas del mismo y un cálculo del gasto realizado y del ahorro para el Estado.
Foto: Public Radio USA.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS