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Publicado 05/06/2017 9:10:00

Sala aprobó resolución que reconoce derecho del pueblo cubano a decidir futuro en plebiscito

El texto pide avalar la independencia e imparcialidad del organismo electoral, para que todos los votos sean contados de manera precisa, justa, igualitaria y transparente; la presencia de observadores nacionales e internacionales en todas las etapas; y libertad para hacer campaña electoral, entre varios puntos.

El texto pide avalar la independencia e imparcialidad del organismo electoral, para que todos los votos sean contados de manera precisa, justa, igualitaria y transparente; la presencia de observadores nacionales e internacionales en todas las etapas; y libertad para hacer campaña electoral, entre varios puntos.

Por 62 votos a favor, 16 en contra y 10 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó, el pasado 30 de mayo, la resolución 866, que reconoce el derecho del pueblo cubano a decidir soberanamente, en plebiscito vinculante, sobre el porvenir de sus instituciones y su sistema político, económico y social.

La iniciativa fue presentada a la Sala por los diputados UDI Andrea Molina, Issa Kort, Javier Hernández y Patricio Melero; DC Matías Walker; PPD Jorge Tarud, Marco Antonio Núñez y Daniel Farcas; RN Marcela Sabat; e independiente Pepe Auth.

La propuesta, que califica este derecho como un principio básico de la democracia, también insta a la Presidenta Michelle Bachelet y al Ministro de RR.EE., Heraldo Muñoz, a promover en todos los foros internacionales el derecho inalienable del pueblo cubano a elegir su futuro y apoyar la realización del citado plebiscito.

A su vez, se invita al gobierno cubano a respetar y proveer las condiciones que garanticen la oportunidad de participación y la soberanía ciudadana en el proceso plebiscitario.

En ese marco, el texto pide avalar la independencia e imparcialidad del organismo electoral, para que todos los votos sean contados de manera precisa, justa, igualitaria y transparente; la presencia de observadores nacionales e internacionales en todas las etapas; libertad para hacer campaña electoral con independencia de expresión y asociación; y acceso igualitario al censo, al electorado y a los medios de comunicación, incluso a los de propiedad estatal.