CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Por la unanimidad de 116 votos a favor, se aprobó la resolución 286, por medio de la cual se solicita al Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que sintetice el conjunto de normas jurídicas que regulan la extracción de áridos y su fiscalización.

La iniciativa fue planteada a la Sala por los/as diputados/as de Evópoli Sebastián Álvarez, Andrés Molina y Pablo Kast ; DC Daniel Verdessi; UDI María José Hoffmann; independiente Diego Ibáñez; y RN José Miguel Castro.

Los/as legisladores/as resaltan que, si bien la extracción de áridos se encuentra regulada en diversos cuerpos legales, el cumplimiento de las normas no siempre ocurre, hecho que se ve favorecido porque la fiscalización de la actividad es deficiente. "Las consecuencias podrían afectar la biodiversidad de las localidades aledañas, provocando polución ambiental, daño en infraestructura vial, etc.", se sentencia en el documento.

Como ejemplo, se recuerda que en el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara encargada de analizar las Extracciones Ilegales de Agua y Áridos en los Ríos del País, del año 2011, se concluyó que "existen evidentes deficiencias en el proceso de fiscalización". Bajo dicha observación, se estima "necesario mejorar la coordinación entre los referidos órganos y separar las funciones de supervigilancia y recaudación, ya que actualmente los municipios son los encargados de fiscalizar y otorgar los permisos, cobrando aranceles por ello".

Asimismo, se menciona como dato adicional la publicación de un reportaje de prensa que da cuenta de actividades de extracción de áridos fluviales con permisos vencidos y falta de fiscalización.

"La fase de extracción de los áridos puede impactar fuertemente el entorno natural y, tratándose de áridos fluviales, se corre el riesgo de la alteración de los cauces y, con ello, ocasionar daño en infraestructuras como puentes, caminos y otros", se plantea.