La iniciativa del Gobierno modifica, entre otras materias, la acreditación de carreras y programas, tanto obligatoria como voluntaria; el rol de la CNA, como agencia única de acreditación; la acreditación institucional integral; y la elaboración y determinación de criterios y estándares.
Modificar los procesos de acreditaciones de instituciones y carreras de programas de pre y posgrado aprobado en la Ley de Educación Superior para ayudar en su implementación, es el objeto del proyecto de ley (boletín 12385) ingresado por el Gobierno y dado a conocer en la cuenta de la Sala de la Cámara de Diputados.
La propuesta señala entre sus fundamentos introducir la posibilidad de apelar ante el Consejo Nacional de Educación, de la decisión de acreditación adoptada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), tanto de carreras y programas de pregrado de acreditación obligatoria como respecto de aquellos para los cuales la ley contempla la posibilidad de acreditación voluntaria a partir del 1 de enero del 2025.
Además, solicita adecuar los procesos de acreditación, con el objeto de precisar el rol del Comité de Coordinación respecto a la propuesta de nuevos criterios y estándares de calidad elaborada por la Comisión Nacional de Acreditación y de otorgar un mayor plazo a la Comisión para efectos de aprobar y publicar los nuevos criterios y estándares. Dicho plazo se amplía en 9 meses.
Asimismo, el proyecto contempla establecer una normativa que regule los procesos de acreditación de doctorados, regularizando desde cuándo pasa a ser de carácter obligatorio y en qué términos.
Finalmente, el proyecto de ley plantea que las decisiones de acreditación voluntaria de carreras y programas de pregrado, así como de programas de postgrado y especialidades médicas odontológicas, adoptadas por las agencias acreditadoras privadas respectivas, con anterioridad a la publicación de la Ley 21.091 (28 de mayo de 2018), mantendrán su vigencia por el período que señale el acuerdo o resolución correspondiente.
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS