La iniciativa, presentada por diputados de la Nueva Mayoría, establece que el tribunal respectivo podrá aumentar hasta en dos grados la pena asignada a quien cometa un delito aprovechándose o con ocasión de una manifestación pública.
Dando cuenta de una situación cada vez más habitual en la realidad chilena, un grupo de diputados de la Nueva Mayoría, encabezados por Rodrigo González (PPD), presentó un proyecto (boletín 10085) que modifica el Código Penal incorporando como circunstancia agravante de la responsabilidad penal cometer un delito durante el desarrollo de una manifestación pública.
La moción, derivada a la Comisión de Constitución para su estudio, fue ingresada el martes 2 de junio por el diputado González junto a los diputados IC Sergio Aguiló; PC Hugo Gutiérrez; PRSD Carlos Abel Jarpa; PPD Tucapel Jiménez; PS Daniel Melo y Leonardo Soto; y DC Sergio Ojeda.
"A raíz de los hechos acaecidos en las últimas manifestaciones ciudadanas realizadas en días pasados en diversas ciudades del país y como una forma de contribuir a mejorar la normativa que regula el ejercicio de las manifestaciones ciudadanas, los diputados firmantes presentan esta moción que tiene por objeto incorporar una nueva agravante de la responsabilidad penal, sancionando con un mayor reproche penal a quien comete un delito", precisaron los autores.
En particular, la iniciativa establece que el tribunal respectivo podrá aumentar hasta en dos grados la pena asignada a un delito cuando el involucrado cometa el acto aprovechándose o con ocasión de una manifestación pública, en el marco del ejercicio de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 13 de la Constitución Política de la República (derecho de reunión).
"Son pilares de la convivencia democrática la libertad de expresión, de opinión política y de reunión de los ciudadanos. Su reconocimiento constitucional fue producto de una larga y dura lucha contra el poder absoluto. Sin embargo, el ejercicio de tan preciados derechos no justifica, en un Estado de Derecho, la vulneración de otros derechos como la vida, la integridad personal y la propiedad", enfatizaron los diputados.
Los legisladores indicaron que la propuesta tiene su sustento en los análisis y conclusiones de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre derecho de reunión. El informe, precisaron, "conmina a las autoridades públicas y responsables del orden público a mejorar los procedimientos, de modo que estos garanticen el respeto de los derechos fundamentales de las personas y sean eficaces en la identificación y detención de los violentistas, mediante diligencias policiales y judiciales debidamente reguladas".
CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS