CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Por 107 votos a favor y cinco abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la comisión investigadora de los actos de los organismos públicos relacionados con la situación financiera de la Universidad del Pacífico, documento que critica la falta de acción oportuna del Ministerio de Educación y que asigna la principal responsabilidad de permitir la continuidad operativa de la institución al Consejo Nacional de Educación (CNED).

El texto, rendido ante la Sala por el diputado Gonzalo Winter (CS), recuerda que, el 25 de marzo de 2015, el CNED decide revertir la resolución en primera instancia de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), concediendo la apelación a la Universidad del Pacífico por dos años.

Se destaca que esta decisión fue adoptada pese a conocerse los extraños vínculos de la familia Ortúzar con la casa de educación superior y los cobros que sus integrantes hacían a modo de fianzas o arriendos por el uso de inmuebles, situación que tensionaba innecesariamente la situación financiera de la universidad.

"Claramente, la resolución de la CNA evidencia argumentos graves que podrían significar el cierre de la Universidad o al menos un proceso de investigación, debido a que se estaba vulnerando los estatutos de la propia Universidad, lo que podría constituir un antecedente para evidenciar un supuesto lucro", se resalta en el informe.

Además, se refuta que la aceptación de la apelación se fundara en una opinión personal de un rector, en vez de realizar un examen acucioso de todos los antecedentes que fueron entregados por la CNA y que sustentaron su correcta decisión de revocar la acreditación.

"La resolución entrega dos años de gracia a la Universidad del Pacífico, permitiéndole de esta forma seguir recibiendo fondos fiscales, cuestión que, considerando los antecedentes que informaron la resolución de la CNA, difícilmente bastarían para resolver la situación de la Universidad, sirviendo, en cambio, únicamente para preparar económicamente su liquidación forzosa", se puntualiza.

Para las/os legisladores, esta mecánica quebranta el espíritu del sistema de acreditación. "A diferencia de la CNA, en esta situación se operó de manera permisiva, siendo el CNED el principal actor en la continuidad de operaciones de la Universidad del Pacífico hasta su cierre definitivo", se concluye.

Respecto de la CNA, se reconoce positivamente que, en octubre de 2014, rechazara la solicitud de acreditación a la Universidad del Pacífico por no cumplir con los criterios de evaluación definidos para los ámbitos de la Gestión Institucional y Docencia de Pregrado. Podemos sostener que la Comisión Nacional de Acreditación cumplió con sus obligaciones como órgano evaluador de acuerdo al marco normativo que regula sus funciones y atribuciones", se sentencia.

Pese a lo anterior, se llama la atención que no se actuara de forma similar en 2012, dado que los indicadores operacionales de la universidad estaban a la baja desde hacía cinco años y que llegó a niveles de liquidez mínimos, luego de un proceso de alza en su endeudamiento, entre 2010 y 2013.

En consecuencia, se estima que la CNA repitió en ese contexto los mismos errores que ya habían sido advertidos por la Contraloría General de la República, evidenciando la falta de diligencia cometida con la Universidad del Pacífico, al no efectuar seguimiento a las acreditaciones.

Ejecutivo y legislación

Según se plantea en el informe aprobado, las responsabilidades del Ministerio de Educación, en el caso de la Universidad del Pacífico, están determinadas por una combinación entre las limitadas facultades con las que contaba; la insuficiente información que recibieron; y una falta de diligencia de la División de Educación Superior al momento de evaluar los antecedentes respecto de las obligaciones legales establecidas por la Ley 20.800, que creó las figuras del administrador provisional y de cierre de instituciones de educación superior y que establece regulaciones sobre estas materias.

Se recalca que recién el 26 de febrero de 2019, el Ministerio de Educación dictó el decreto que revocó el reconocimiento oficial de la Universidad del Pacífico y canceló su personalidad jurídica. "No adoptó oportunamente, al momento de recibir los antecedentes, las medidas necesarias, sino hasta que la situación comenzó a afectar a la comunidad académica, al punto de ser los mismos estudiantes los que solicitaron la intervención del Ministerio", se precisa.

Según consta en los antecedentes aportados en la Comisión, "el Ministerio tenía o debía tener conocimiento de la situación de la Universidad y el riesgo que enfrentaban las y los estudiantes, habiendo recibido una serie de alertas al respecto".

En dicho contexto, la Comisión considera que la cartera, al no ejercer oportunamente las facultades legales disponibles, "es responsable también del resultado que hoy viven las y los miles de estudiantes de la Universidad del Pacífico y sus familias".

Respecto de la legislación vigente en materia de acreditación, se identificó deficiencias acerca de los mecanismos de evaluación, entre ellos, la sucesiva demanda por mayores facultades de seguimiento para los organismos del sistema de acreditación.

Se reconoce que con la entrada en funciones de la Superintendencia de Educación Superior, se incorporarán funciones (por ejemplo de seguimiento) que cubren varias de las hipótesis de regulación que al momento de la fiscalización de la Universidad del Pacífico hicieron falta para el resguardo del interés del estudiantado. "Pero lo cierto es que resulta posible identificar debilidades y retrasos en el proceso de fortalecimiento de la institucionalidad fiscalizadora y gestora en estos niveles de enseñanza", se agrega igualmente.

Familia Ortúzar

En el documento, a cuyo debate asistieron estudiantes de la Universidad del Pacífico, se destaca que la CNA observó que la Fundación de la familia Ortúzar tenía una relación viciosa con la entidad estudiantil y un complejo entramado de recursos que permitió reconducir recursos con el objeto de asegurar las ganancias familiares, hecho que terminó llevando a la casa de estudios a una crisis y, con ella, a sus estudiantes y familias.

"Un sistema permisivo facilitó a la familia Ortúzar lucrar, aprovechando los márgenes del ordenamiento jurídico, con maniobras de triangulación de recursos como los traspasos sucesivos de inmuebles entre Universidad y Fundación, a la vez que inescrupulosamente transmitieron informaciones contradictorias o derechamente falsas al estudiantado, sus profesores y las autoridades", se sostiene en el informe.

Finalmente, el texto aprobado presenta un cuerpo de recomendaciones que. El primer bloque apunta a reformas de orden legislativo para resolver la situación estructural deficitaria.

Luego, se plantean acciones concretas, entre otras: solicitar al Presidente de la República acelere la tramitación de un proyecto que tipifica delitos que afectan el derecho a la educación en relación con el lucro; pedir que se haga efectiva la responsabilidad de los integrantes del CNED; estudiar interponer una querella en contra de la familia Ortúzar; y conformar una mesa de trabajo para dar solución a los problemas normativos observados tras la experiencia de este cierre, que incluya dar apoyo a los estudiantes.