En la resolución se plantea conjuntamente que dicha distribución debe considerar el menor daño posible al medio ambiente, incluyendo alternativas más sustentables.
Por 133 votos a favor y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó la resolución 663, que solicita al Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que disponga la distribución gratuita de productos de higiene menstrual en establecimientos educacionales con aportes del Estado, en centros de salud públicos, cárceles, albergues y a personas en situación de calle.
La resolución añade que dicha distribución debe considerar el menor daño posible al medio ambiente, por lo que se llama a emplear alternativas de higiene menstrual más sustentables.
El texto señala que el periodo menstrual es un proceso fisiológico que deben enfrentar las mujeres que, pese a ser un proceso natural, es un tema que se ha mantenido en lo doméstico, evitando debatir en público, debido a estigmas culturales, costumbres conservadoras o bajos niveles de información.
Agrega que, en promedio, las mujeres menstrúan por 2400 días durante su vida, lo que equivale a usar productos de higiene menstrual, toallas higiénicas, tampones o copas menstruales por casi 7 años seguidos.
Respecto a Chile, se estima que las mujeres destinan en promedio cuatro mil pesos mensuales para la compra de productos menstruales, por lo que el gasto anual se elevaría a 48 mil pesos.
Por lo expuesto, se considera del todo evidente que el costo asumido principalmente por las mujeres es totalmente injusto y se insta a abordar esta problemática sin complejos y sin prejuicios, tal como lo han hecho otras naciones alrededor del mundo que han promovido cambios en materias asociadas a la educación, provisión de productos a la población vulnerable y a la tributación.
Se resalta en el documento que el marco jurídico chileno guarda silencio en relación con esta temática, aunque se reconoce que los tratados internacionales son claros en orden a eliminar discriminaciones basadas en el género. Por ello, si bien la brecha salarial puede ser un argumento atendible para proponer la reducción o eliminación del impuesto a los productos menstruales y la distribución gratuita de estos artículos sanitarios a la población más vulnerable, son los principios de justicia, equidad y dignidad los que deben primar en esta medida.
Advierten que Chile no cuenta con una política diferenciada en materia de impuestos que permitan disminuir o eliminar el gravamen de los productos menstruales (como se ha hecho en países tan disímiles como Australia, Canadá, Kenia, Uganda o Colombia), pero tampoco se dispone su distribución a personas vulnerables.
Paralelamente, se busca que dicha distribución sea menos dañina para el medio ambiente, ya que, tanto los tampones como las toallas higiénicas, desde que son desechadas a la basura inician un camino de descomposición que puede variar entre los 500 y 800 años.
En este contexto, piden considerar alternativas sustentables que ofrece el mercado, por ejemplo, la copa menstrual, un dispositivo que recoge el flujo menstrual en vez de absorberlo, es lavable y reutilizable por hasta 10 años, con un valor comercial es de 11.000 pesos. Otra alternativa son las toallas higiénicas reutilizables, compresas de tela, en su mayor composición de algodón, absorbentes, impermeables e inodoras, lavables y reutilizables, cuyo valor comercial asciende a aproximadamente a 2.500 pesos por toalla.
La propuesta fue planteada por las/os diputadas/os RD Natalia Castillo y Maite Orsini; Comunes Camila Rojas; CS Gael Yeomans; independiente Érika Olivera; PPD Carolina Marzán; PC Marisela Santibáñez; PH Tomás Hirsch; y PL Vlado Mirosevic y Alejandro Bernales.