Comisión aprobó en general proyecto que protege derechos de víctimas de violencia sexual
La propuesta abordada por la Comisión de Seguridad Ciudadana, fue presentada por un grupo de legisladores bajo la consigna “Justicia para Antonia”, que busca, entre otras consideraciones, tipificar la figura de incitación al suicidio.
Al cumplirse un año de la muerte de Antonia Barra, joven que se suicidó luego de haber sido violada, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad, en general, el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales, y evitar su revictimización (boletín 13.688)
La iniciativa fue presentada por las diputadas Maite Orsini (RD), Gael Yeomans (PCS), Paulina Núñez (RN) y la exdiputada Marcela Sabat (RN); además de los diputados Gonzalo Fuenzalida (RN) y Marcelo Díaz (IND), y plantea tipificar en el artículo 393 del Código Penal, la figura de incitación al suicidio, especificando circunstancias en que, con conocimiento de la vulnerabilidad física o psíquica, se indujera a otra persona al suicidio resultando su muerte.
Además, el suicidio se deberá tomar en consideración por parte del tribunal al momento de determinar la cuantía de la pena.
Asimismo, el proyecto propone extender los plazos de prescripción para ciertos delitos, de manera que puedan ser objetos de investigación, de 5 a 10 años, en consideración al daño psicológico provocado por los abusadores sexuales contra las víctimas, lo que, en muchos casos, deriva en una denuncia tardía.
El presidente de la instancia, diputado Miguel Ángel Calisto (DC), informó que se acordó dar un plazo de una semana para la presentación de indicaciones, y que se recibirá a una agrupación de víctimas con el objeto que puedan entregar sus testimonios a la comisión.
Exposiciones
Previo a la votación, la comisión escuchó la opinión de Isabel Yañez, representante de la Asociación de Abogadas Feministas, (ABOFEM) quien indicó que es positivo que el proyecto pretenda introducir mejoras importantes en la forma en que se lleva el procedimiento penal en materia de delitos sexuales.
En ese sentido, indicó como ejemplo, “que las y los jueces de garantía puedan adoptar medidas de protección especial, resguardando los derechos y garantías de las víctimas de tales delitos y evitando su revictimización (…). El proyecto significa un avance para las víctimas”, recalcó.
Por su parte, la representante de la Corporación Humanas, Camila Maturana, destacó que la propuesta contenida en la moción mandate a la Academia Judicial a incorporar materias relacionadas con las perspectivas de género en el proceso penal; que evite la revictimización y los estereotipos, y que fomente una protección especial de las víctimas de violencia de género.
Manifestó que “Chile debe invertir recursos públicos en la atención de las víctimas de violencia sexual“. En ese sentido, dijo que ello “debe ser reforzado con el carácter obligatorio de medidas de capacitación y requisitos de especialidad para determinados cargos en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en la Defensoría Penal Pública, en Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y el Servicio Médico Legal, entre otros organismos”.
Además, indicó que es imprescindible tener formación especializada de los equipos de salud de los diversos niveles de atención, dado el rol clave que desempeñan en la detección y atención de las víctimas de violencia de género, como, igualmente, a autoridades, profesores/as y auxiliares de establecimientos educacionales de todos los niveles de enseñanza.
Finalmente, María Jesús Fernández, de la Litigación Estructural para América del Sur, (LEASUR), planteó en cuanto a la posibilidad de que cualquier víctima de delitos sexuales pueda solicitar declarar mediante entrevista video grabada, que esto les parece “una medida adecuada y eficiente a la protección de sus intereses, esto sin perjuicio que la sola aprobación de dicho artículo, probablemente, no baste para este fin y es urgente asegurar, mediante recursos materiales y humanos, que la alternativa será eficaz y oportuna”.