Defensa de Presidente Piñera sostiene que acusación es una maniobra política
El abogado y representante del primer mandatario, Jorge Gálvez, insistió en que el libelo acusatorio es infundado, al momento de sostener los argumentos de la defensa ante la sala.
“Tengo el enorme honor de alegar en representación del Presidente de la República y solicito desde ya rechazar esta infundada acusación constitucional”.
Así comenzó su alocución el abogado Jorge Gálvez, representante del Presidente de la República Sebastián Piñera, quien desestimó la procedencia del texto en sus alegaciones de hecho y de derecho.
El profesional fue categórico al cuestionar no solo el tenor de la acusación constitucional, sino que también la forma en la que se dio el debate en sala, tras las casi 15 horas de exposición del diputado acusador, Jaime Naranjo.
“El carácter de maniobra de esta acusación no es ni siquiera disimulado… nada de lo ocurrido en esta sala acerca a la ciudadanía a la política, sino que por el contrario profundiza la desconfianza”, expresó.
Cuestionamientos al libelo
El abogado Gálvez sostuvo que el documento tiene, en sus fundamentos, una serie de falencias de forma. Precisó al respecto que no se puede hacer caso a una acusación constitucional cuando esta invita a hacer solo un juicio político. Criticó que se dejara de lado las consideraciones jurídico – constitucionales.
Asimismo explicó que la responsabilidad punitiva debe considerarse por actos cometidos por el acusado y no por otros. Debe tratarse de hechos propios, directos y controlados, no de hechos de terceros o de familiares
A ello se agrega que el texto no hace referencia a causales o hechos específicos, sino que meras conjeturas, que tratan de trasladar la carga de la prueba en la defensa.
“Deben considerarse los principios de legalidad, culpabilidad y debido proceso; ninguno ha sido respetado en esta acusación”.
Gálvez indicó además que se vulnera el principio de última ratio porque se acusó para investigar. Se atribuyó a la persona del presidente un determinado hecho sin la existencia de pruebas; “lo que correspondía, si existían dudas, era utilizar otros mecanismos como por ejemplo una comisión investigadora. Primero hay que investigar y luego acusar; pero claro, una comisión investigadora no tiene el efecto electoral que tiene una acusación”.
El jurista señaló además, que la acusación generaría responsabilidad internacional para el Estado de Chile, al vulnerar los derechos humanos del acusado. Esto al perseguir su inhabilitación por 5 años, sobre la base de hechos no comprobables.
Agregó que la acusación se basa en hechos ocurridos en el anterior periodo presidencial. Por tanto, se trata de situaciones no susceptibles de fundar las causales que se determinan.
Otros argumentos
El abogado defensor hizo referencia al cuestionado tratado de Escazú, sosteniendo que el mandatario al no firmarlo, hizo uso de una prerrogativa constitucional, sobre la base de sus consideraciones respecto de los intereses de la nación. Al respecto recalcó que la firma o no de un tratado, es un acto de Gobierno, no de administración. En esa línea desestimó además la temporalidad de los hechos que se imputan.
Asimismo descartó que el mandatario interviniera en la decisión de venta del proyecto minera Dominga, o que se hubiera negado a firmar un decreto de área marina costera protegida para la zona de La Higuera, donde este se emplaza.
Tampoco lo hizo en la aprobación de las autorizaciones medioambientales correspondientes, las que siguieron un exhaustivo proceso, que cumplió con las etapas contempladas en la normativa vigente.
Sostuvo también que la omisión de la que se le acusa al jefe de Estado no procede, ya que los acusadores asignan una intencionalidad dolosa o al menos irregular, que el mandatario no tuvo.
Consideraciones finales
En cuanto al proyecto que presentó la ONG Oceana para declarar la zona como área protegida, el profesional dijo que no es efectivo que ello no fuera considerado por razones políticas. “No es efectivo que el Presidente Piñera haya desarrollado alguna acción para impedir la protección ambiental en la zona”.
Finalmente, respecto de la imputación de uso de información de uso de información privilegiada, el abogado defensor precisa que el texto de la acusación intenta traer a tiempo presente una circunstancia ocurrida entre los años 2010 y 2011, correspondiente a una negociación entre empresas privadas, donde el Presidente de la República no tuvo participación ni conocimiento alguno.
Puntualizó que desde el año 2009, Sebastián Piñera se desligó absolutamente de la gestión y administración de las empresas en que participaba y constituyó fideicomisos ciegos para la administración de los activos financieros propios y de su familia.
El abogado Gálvez concluyó su intervención llamando a los parlamentarios a rechazar el libelo. “Aprobarlo significaría un golpe a la institucionalidad que puede dejar heridas no solo para el próximo, sino que para los próximos gobiernos”, sentenció.