CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

La Sala de la Cámara rechazó, desde la perspectiva formal, la admisibilidad de la acusación constitucional presentada en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes.

Al inicio de la sesión, la defensa del secretario de Estado, Pablo Ruiz-Tagle, apeló a la denominada “cuestión previa”. Ella reclama la procedencia formal del libelo acusatorio, por no cumplir los requerimientos establecidos por la Constitución para su presentación.

Luego de exponer la defensa su postura en dicha línea, fue el turno de los cinco integrantes de la comisión que analizó la acusación. Finalmente, tras sus discursos, se sometió a votación la cuestión previa, la cual fue acogida por 79 votos a favor, 61 en contra y 1 abstención. Con esto, se entiende por rechazado el libelo acusatorio desde la perspectiva formal.

Debido a lo anterior, la acusación contra Carlos Montes concluyó su tramitación y, formalmente, se entiende por no presentada.

Argumentos de la defensa

El abogado defensor remarcó las cualidades de servidor público ejemplar del ministro Carlos Montes. Asimismo, destacó que no ha desistido, en ningún momento, de cumplir con sus funciones ministeriales. En este contexto, por ejemplo, mencionó que su cartera presenta un 99% de ejecución presupuestaria.

Y, particularmente sobre el caso convenios, dijo que ya una docena de funcionarios involucrados fueron desvinculados y que a ellos se sumarán otros de detectarse su participación en hechos que falten a la probidad administrativa. “Porque tiene las manos limpias; esa es la primera contundente contestación del ministro Montes: cumplir con su deber como ministro de la Vivienda y Urbanismo desde que asumió el cargo”, acotó.

Pablo Ruiz-Tagle planteó que no solo viene a defender a un ministro, sino también el estado de derecho nacional. En este marco, refutó en forma y fondo la acusación, la que acusó, reiteradamente, de desprolija y falta de argumentos sólidos y apegados a los requerimientos legales y constitucionales.

“Se encuentran toda clase de errores de forma y fondo”, recalcó, agregando que ello contradice la doctrina constitucional y la jurisprudencia que la Cámara ha sentado en esta materia.

La cuestión previa

Ruiz-Tagle identificó seis cuestiones previas que refutan la exigencia formal del libelo. La primera es que los acusadores apelan a un “principio de responsabilidad objetiva”. Este apunta solo a los resultados del evento, sin preocuparse de la existencia de dolo del acusado. Ello contradice la exigencia constitucional en orden a que la responsabilidad debe ser subjetiva. Esto exige comprobar que el ministro Carlos Montes actuó con dolo o con culpa. “La fundamentación de la acusación constitucional, de forzar un criterio jurídico equivocado, contamina todo el libelo, no es una afirmación al pasar”, sentenció.

Luego, afirmó que el documento presenta muchas acusaciones. Sin embargo, recalcó que no se logran configurar las causales que exige la Constitución. Por el contrario, dijo que se hace una relación sesgada e incompleta de hechos. Ejemplo de ello sería una selección sesgada del informe de la Contraloría donde, subrayó, no se hacen reproches al ministro Carlos Montes.

Junto a lo anterior, señaló que se imputan hechos acecidos antes del 11 de marzo de 2022, cuando asumió el cargo. Tampoco quedaría claro, desde cuando habría omitido el deber de denuncia.

En tercer lugar, comentó que se carece de un mínimo estándar de fundamentación, dado que no da cuenta de las infracciones constitucionales o legales. Así, se confunden con reproches políticos, además de caer en errores de lógica argumentativa severos.

También señaló que es erróneo establecer que el ministro cometió faltas a la probidad y la transparencia al no dar a conocer sus correos privados. El abogado destacó que la privacidad es un derecho constitucional y que no es una infracción a los principios de transparencia.

Junto a aquello, criticó que en la acusación se “han inventado las normas para hacer responsable al ministro”. Esto, vinculado al supuesto control jerárquico del ministro de las instituciones regionales dependientes de la cartera. En la intervención el defensor fue claro en señalar que ésta recae en la subsecretaría y que la intromisión del ministro sí infringiría la ley.

A su vez, el abogado también relevó el carácter de última ratio de las acusaciones constitucionales. Y agregó que, por lo mismo, éstas no pueden ser usadas “para criticar o imponer una opinión política referida a los actos del Gobierno”.

En su intervención, el defensor igualmente interpeló directamente a las y los diputados. En primer lugar, al señalar que el ministerio informó trimestralmente al Congreso de la ejecución de las glosas presupuestarias de los recursos destinados a asentamientos precarios. Frente a esto, destacó que, pese a que la Corporación recibió los mismos informes que tenía el ministro, acá tampoco se detectaron irregularidades.

Seguidamente, criticó las aseveraciones de algunos parlamentarios en contra del ministro. Frente a ello, demandó tratar con respeto a su defendido, cumpliendo lo que establece el reglamento de la Cámara.

Finalmente, concluyó que votar en contra de esta acusación significa creer en la democracia constitucional y que la política debe someterse al derecho. Por lo tanto, llamó a las y los diputados a dejarse persuadir por los mejores argumentos de razón y derecho. En la misma línea, pidió abandonar el “espíritu mezquino de la vendetta”, porque se necesita una política mucho más constructiva.

Desde la comisión

En un segundo espacio dentro de la formalidad del tratamiento de la acusación expusieron las y los diputados de la comisión que analizó el libelo. Partió quien fuera el presidente de dicho grupo, Víctor Alejandro Pino (IND).

El legislador instó a dejar de lado el sesgo ideológico y visiones partidistas. En tal línea, llamó a aprobar el libelo acusatorio, que contó con informe favorable en la comisión. Agregó que el ministro Carlos Montes es el jefe superior y tiene el deber de ejercer control jerárquico en la administración de la cartera.

Consideró que Montes debió ser más meticuloso en la supervigilancia, lo que eleva a grave su falta, toda vez que, hay dineros públicos involucrados. Su trayectoria política exige un estándar más elevado para evaluar sus acciones. Llamó a desestimar la cuestión previa y entrar a discutir el fondo. “Es un paso necesario para garantizar a la ciudadanía que la institucionalidad democrática opera sin excepción”, comentó.

Tomás Hirsch (PAH) criticó el texto presentado por los acusadores, porque está mal hecho y es desprolijo, con incoherencias y errores de forma y fondo. Dijo que presenta acusaciones mal formuladas y falsas que buscan manchar a un ministro. Por lo tanto, planteó que no cuenta con las condiciones mínimas de seriedad para ser acogida por la Cámara.

Continúo señalando que no tiene bases jurídicas en ninguno de los capítulos acusatorios. Se acusa en base a una supuesta responsabilidad objetiva y no subjetiva o personal del ministro, como establece el mecanismo constitucional. “Abre una forma de entender la responsabilidad que es inédita, un control político directo respecto a los ministros”, aclaró.

Por otra parte, consideró que hay confusión entre supervigilancia y jerarquía respecto de las funciones del ministro y de la subsecretaria. También descartó la responsabilidad de Montes en su omisión de denuncia y observó que hay conductas no imputables al ministro.

Labbé, Nuyado y Romero

A seguir fue el turno Cristián Labbé (UDI). Desestimó las críticas a las faltas formales que contenía el libelo y recalcó que es más “vergonzoso lo que ha pasado en el Ministerio de la Vivienda”. Dijo que, en ningún caso, se ha dicho que Carlos Montes robó dineros públicos. Pero remarcó que es preciso que la autoridad asuma su responsabilidad política por un hecho que afectó a miles de personas, por su falta de control y de fiscalización.

“Es más vergüenza que no pague políticamente su responsabilidad”, insistió. Junto a ello, planteó que esto no habría ocurrido si el Presidente Gabriel Boric lo hubiese sacado del cargo. Así, expuso que la acusación “es 100% legítima porque los chilenos quieren explicaciones y este Gobierno no las está dando”.

Emilia Nuyado (PS) recalcó que esta herramienta de control constitucional no puede ser mal utilizada. Comentó que nadie defiende a quienes robaron dineros públicos, sino que a un ministro honesto, responsable, con trayectoria intachable, con compromiso político y social con la desigualdad. “Nunca debió ser acusado constitucionalmente”, acotó.

Sostuvo que no hay fundamentos jurídicos para acusar al ministro y refutó los cinco capítulos, por su falta de sustento. Pidió acoger la cuestión previa, por no presentar el libelo un estándar mínimo de plausibilidad; y adolecer de graves falencias y errores. Afirmó que se presentan hechos no acreditados que se sustentan en supuestos; se observan errores conceptuales; confunde atribuciones; y se asignan hechos de terceros. “Solo se está frente a conjeturas malamente elaboradas”, puntualizó.

Finalmente, en una breve intervención, Natalia Romero (IND) criticó que el defensor les “llamara la atención”. Le señaló que a quienes debería criticar no es a los acusadores, sino a los diputados que habrían puesto al ministro en esta situación.

La parlamentaria también destacó que en la comisión quedaron en evidencia las dudas sobre la supervigilancia y el actuar del ministro. Y, si bien adoptó medidas tendientes a intentar corregir esta grave situación, éstas fueron “tardías y muy ex temporáneas”.