Aprueban nueva prórroga del Estado de Excepción
El documento, respaldado por la sala, incorporó un informe con una síntesis cuantitativa de la evolución de la ocurrencia de sucesos violentos en las diferentes provincias que se encuentran bajo el marco del Decreto de Estado de Excepción Constitucional.
La Sala de la Cámara aprobó una nueva prórroga de 15 días del estado de excepción constitucional de emergencia (EECE) para la macrozona sur. La medida afecta a la región de La Araucanía y a las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío.
La solicitud del Ejecutivo, que ahora será vista por el Senado, obtuvo 79 votos a favor, 33 en contra y 24 abstenciones.
En sus fundamentos, el documento sostiene que la nueva extensión permite una mejor coordinación entre diferentes instituciones. Además, promueve un fortalecimiento de la presencia del Estado en el territorio, contribuyendo a bajar la cantidad de actos de violencia en la zona.
Pese a ello, reconoce que es necesario mantener su aplicación dado que los hechos de violencia subsisten. En cuanto a la evolución quincenal entre el 10 al 24 de septiembre, se reporta una disminución del 15% en eventos de violencia rural en provincias con bajo el Estado de Excepción, con respecto a la quincena anterior.
Las usurpaciones pacíficas se redujeron en un 100% durante esta quincena, sin registrarse usurpaciones violentas en los últimos 30 días. Los robos de vehículos bajaron un 78% y los cortes de ruta un 50%.
En contraste, los ataques incendiarios aumentaron un 267%, en tanto que los bienes siniestrados crecieron un 363%. No se registraron variaciones en atentados y amenazas contra la autoridad.
Mantención del Estado de Excepción
El texto señala que, en términos generales, el despliegue de la fuerza en el territorio permitió quebrar la tendencia al alza de los hechos violentos en las provincias que se encuentran bajo estado de excepción. Más aún, no se ha detectado una migración de estos incidentes a otros territorios no afectados por la medida excepcional.
Sin embargo, persisten hechos de extrema violencia que demandan una presencia fortalecida del Estado en la zona. A modo de ejemplo, el 20 de septiembre en Toltén, en el fundo Carrizal, propiedad de la empresa Block and Cutstock, 11 máquinas forestales resultaron quemadas, luego de que el administrador escuchara disparos, hecho adjudicado por la CAM.
Por otro lado, el mismo día en Tirúa, mientras Carabineros de la Subcomisaría COP Tirúa se desplazaban en un vehículo blindado, desconocidos dispararon desde entre los árboles al costado de la calzada.
Dado lo anterior, el texto concluye que el despliegue de la fuerza no es la única medida que incluye la estrategia gubernamental para enfrentar estas situaciones. En este sentido, se está trabajando en mejorar los procesos de inversión estatal en el territorio.
Más aún, se han destinado recursos en el fortalecimiento de la persecución penal para desmantelar organizaciones criminales dedicadas al robo de madera. Además, se han implementado nuevos puntos de control en rutas estratégicas de la región de Los Ríos, territorio que no se encuentra bajo el decreto.
El texto recalca que los sucesos que ocurren en la macrozona sur son excepcionalmente violentos, por lo que el Gobierno está utilizando todas las herramientas institucionales a su disposición para prevenir su ocurrencia y perseguir a los responsables. En este contexto, el estado de excepción constitucional es una figura institucional que facilita una mayor colaboración y coordinación entre las fuerzas policiales, las fuerzas armadas y el gobierno para garantizar de manera efectiva el orden público.
Debate
Participaron en el debate las y los diputados Flor Weisse (UDI), Cristóbal Urruticoechea (PREP), Lorena Pizarro (PC), Henry Leal (UDI), Gloria Naveillan (IND), Daniel Lilayu (UDI), Miguel Ángel Becker (RN), Mauricio Ojeda (IND), Juan Carlos Beltrán (RN), Marta Bravo (UDI), Stephan Schubert (IND), Felipe Donoso (UDI), Jorge Rathgeb (RN), Joanna Pérez (DEM), Leonardo Soto (PS), Diego Schalper (RN) y Jorge Guzmán (EVOP).
La discusión estuvo marcada por el ingreso, por parte del Ejecutivo, del veto a la ley de usurpaciones. Lo anterior debido a las tomas de terreno y ocupaciones violentas ocurridas desde hace meses en la macrozona sur.
Al respecto, los cuestionamientos al Gobierno radicaron en que la iniciativa estimularía las ocupaciones no violentas y por lo tanto sería un incentivo a la comisión de delitos.
En representación del Ejecutivo intervino la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien defendió el veto ingresado a trámite, señalando que la controversia responde al desconocimiento respecto de su contenido. Destacó que incluso las usurpaciones pacíficas o no violentas, que surgen como respuesta a una situación habitacional, se consideran como un delito que tendrá sanción.
Sostuvo que dicha usurpación no violenta, que no conlleva amenazas ni daños a las personas o inmuebles, tendrán dos posibles sanciones. Se trata de multas y penas de cárcel, lo que debe ser evaluado por el juez. Recalcó que en todos los casos de usurpación la situación será un delito que hoy es falta. A ello se agrega que en todas las ocasiones la policía puede detener, cosa que hoy no es posible.
Tohá agregó que el clima de debate está equivocado, ya que busca exasperar en vez de evaluar las situaciones en su mérito.
Cabe recordar que el EECE rige desde el 16 de mayo de 2022. Este se ha renovado ininterrumpidamente desde la citada fecha con la autorización del Congreso Nacional.