Plantean garantizar integridad cultural y derechos de indígenas privados de libertad
Entre las ideas propuestas en la resolución está adecuar el plan de acción de Gendarmería para enfrentar el coronavirus, para darle pertinencia y coherencia con los derechos de los Pueblos Indígenas establecidos en instrumentos internacionales.
Un llamado al Presidente de la República a instruir al Ministro de Justicia y Derechos Humanos y a sus servicios relacionados, para que garantice el principio de integridad cultural y los derechos de las personas privadas de libertad de origen indígena, es el objetivo de la resolución 1148, aprobada por la Cámara por 78 votos a favor, 57 en contra y ocho abstenciones.
El texto propone al Ejecutivo adecuar el plan de acción de Gendarmería para enfrentar el coronavirus, para darle pertinencia y coherencia con los derechos de los Pueblos Indígenas establecidos en instrumentos internacionales, así como agilizar el otorgamiento de beneficios carcelarios dispuestos en la normativa vigente o el envío de un proyecto de ley especial para este efecto.
Asimismo, se plantea acelerar la tramitación de los traslados a los Centros de Educación y Trabajo para los y las condenadas pertenecientes a Pueblos Indígenas, que califiquen o cuyas postulaciones tengan que ser revisadas por la Comisión Evaluadora pertinente.
Además, se pide que informe a los tribunales de justicia la obligación de aplicar el Convenio 169 de la OIT para impartir justicia, modificando las medidas cautelares de prisión preventiva de los seis presos políticos mapuche que se encuentran en la cárcel de Angol, para que la cumplan en su comunidad.
Luego, se insta a iniciar conversaciones con los voceros de los huelguistas, para instalar una mesa de dialogo que acuerde medidas urgentes para la protección de las personas privadas de libertad de estas comunidades y encargar un estudio a corto plazo, para identificar a las personas de origen indígena que han sido condenadas desde la instalación de la Reforma Procesal Penal, destacando las que han cumplido pena privativa de libertad.
También se pide que se garantice el ejercicio del derecho a la salud, con perspectiva intercultural, en cualquier recinto penitenciario, de acuerdo con la normativa nacional e internacional de derechos humanos y que se agilice la modificación del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, incorporando los derechos de las personas privadas de libertad de origen indígena y la protección especial de las personas que son parte de los grupos vulnerables.
La resolución fue presentada a la Sala por las/os PS Emilia Nuyado, Jenny Álvarez, Daniella Cicardini,, Marcos Ilabaca, Raúl Leiva, Luis Rocafull, Gastón Saavedra, Raúl Saldívar y Leonardo Soto.