Ratifican informe de comisión investigadora sobre tierras indígenas
El informe señala que el Registro de Tierras Indígenas no estaría cumpliendo con el mandato de la ley y que la Conadi no ha sido eficientemente en su rol de protección de las tierras. Además, señala la necesidad de remitir los antecedentes de la comisión al Ministerio Público, por existir hechos que pueden revestir carácter de delito.
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, por 72 votos a favor, 61 en contra y 5 abstenciones, el informe de la comisión que investigó las actuaciones de órganos de la Administración del Estado en relación con la adquisición de tierras indígenas, particularmente en las regiones del Biobío, de La Araucanía, de Los Lagos y de Los Ríos.
En sus conclusiones, presentadas en la sesión por la diputada Emilia Nuyado (PS), presidenta de la comisión investigadora, se establece que en la legislación vigente hay un interés público comprometido en la ampliación de las tierras de pueblos originarios y no en su pérdida, como principio transversal de la legislación indígena.
Por lo tanto, de acuerdo a lo establecido por el informe, es urgente la revisión y adopción de instructivos y normativas internas que aseguren la correcta aplicación de la ley por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). Para estos efectos, la comisión investigadora recomienda que el Ministerio de Desarrollo Social instruya las medidas necesarias para cumplir con el mandato que establece la ley.
Por otro lado, el informe establece que el Registro Público de Tierras Indígenas no está cumpliendo con el mandato que establece la Ley Indígena, ni menos con los objetivos que debiera cumplir para la protección de la propiedad indígena, particularmente, la del pueblo Mapuche. Tras el trabajo de la instancia, se concluye que esta institución pública está desfasada.
De acuerdo a las conclusiones de la instancia, esta unidad tendría una cantidad insuficiente de funcionarios para cumplir su trabajo y los sistemas informáticos que poseen no están actualizados ni en línea con los demás servicios que están involucrados en la gestión del registro, como lo establece la ley indígena, como es el caso el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República y la coordinación con los Conservadores de Bienes Raíces.
En cuanto al rol de la Conadi, el informe señala que este organismo y su director, Ignacio Malig, no ha cumplido eficientemente su rol de protección de las tierras indígenas desde su creación, debido a la falta de información rigurosa y clara de las tierras indígenas.
Frente a esto, la instancia sugiere que la corporación debería desarrollar un catastro actualizado absolviendo los déficits de información señalados, y adicionalmente, poder identificar con claridad y precisión cuántos recursos se han invertido en compra de tierras indígenas para su restitución, cuántas de esas tierras pertenecen en la actualidad a personas o comunidades indígenas.
Finalmente, en las propuestas administrativas, el informe señala la necesidad de remitir los antecedentes de la comisión al Ministerio Público, por existir hechos que pueden revestir carácter de delito.
Rodrigo Ubilla
Uno de los puntos que generó debate en la Sala fue en torno a las referencias al exsubsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, ya que la instancia analizó también el proceso de compra de tierras indígenas por parte de la exautoridad cuando no ostentaba el cargo.
El informe señala que es atendible se revise por parte de la Contraloría General de la República la situación que lo involucraría por haber dispuesto en su calidad de subsecretario, que la Conadi elaborará un informe que interpreta y respalda en su favor, el tema denunciado por los medios de comunicación, cuando tal situación fue calificada por él mismo como la actuación de un particular.
Frente a este y otros enfoques del informe, parlamentarios oficialistas plantearon su mirada contraria, pues critican que, en su mayoría, la instancia haya tendido a buscar la forma de afectar al exsubsecretario antes que priorizar la forma de mejorar la protección de las tierras indígenas.
Los parlamentarios señalaron que lo importante en esta materia sería avanzar en un plan de trabajo para actualizar la legislación de protección de las tierras indígenas, fortalecer el rol de la Conadi con atribuciones más precisas y eficaces y dejar constancia de la necesidad de interoperatividad de los registros.