CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Fueron 75 diputados y diputadas quienes firmaron la solicitud en abril de 2019 para crear una Comisión Especial Investigadora que se encargara de indagar las actuaciones del Ministerio de Salud (Minsal), de la División de Inversiones de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y de todo otro órgano de la Administración que participara en la licitación de hospitales, en la contratación y despido de personal.

Su finalidad fue estudiar la calificación de las personas contratadas y el cumplimiento de los requisitos necesarios para la implementación de los proyectos hospitalarios a nivel nacional, pero con un foco especial en los de Buin y Paine.

Cabe destacar que en la comisión se presentaron dos informes, sin embargo, fue aprobado por mayoría solo uno y que fue presentado en la Sala por la diputada Marcela Hernando (PR), que tuvo el respaldo de la Corporación por 69 votos a favor, 39 en contra y 21 abstenciones.

Informe

El documento, expuesto ante la Corporación que preside el diputado Diego Paulsen (RN), asume todas las conclusiones del “Estudio sobre observaciones y recomendaciones en la ejecución de contratos de obra pública de la Contraloría General de la República” y las definiciones del sumario administrativo realizado en el Minsal, con ocasión de los hechos ocurridos en el Hospital de Buin y que fueron objeto importante de la investigación de esta comisión.

Además, de acuerdo a lo señalado en el informe, tras el trabajo de la instancia se lograron establecer responsabilidades administrativas y políticas. En cuanto a las administrativas, se señala que, incluso, habría la comisión de eventuales hechos constitutivos de delitos que deberían ser conocidos por la Contraloría General de la República y los tribunales competentes.

Las irregularidades que se dan cuenta en este informe ya estarían constatadas en el sumario administrativo realizado en el Minsal y que determinó la destitución de varios funcionarios que serían atribuibles a los exsubsecretarios de Redes Asistenciales, Luis Castillo y Gloria Burgos: al exjefe de Gabinete de la Subsecretaría de Redes, Rosendo Zanga; y al exjefe de la División de Inversiones, Luis Barrios.

Además, agrega que el ministro de ese momento, Emilio Santelices, y los subsecretarios no habrían actuado con la debida diligencia en la designación de cargos directivos, toda vez que la responsabilidad que implica cada uno de ellos ameritaba un proceso de selección por alta dirección pública.

Además, se señala que el exministro Santelices y la exsubsecretaria Gloria Burgos carecieron de una adecuada visión en el nombramiento de funcionarios y jefaturas y que no cumplieron con el principio de probidad administrativa, por lo que deben asumir su responsabilidad política. Asimismo, se les reprocha falta de supervisión, control y mala ejecución de los presupuestos de inversión en salud del año 2018, entre otras materias.

Finalmente, señala que el exsecretario de Estado es responsable político del agravamiento de la crisis de la salud pública en Chile.

En cuanto a las recomendaciones, la comisión señala en el informe que el Ministerio de Salud debe asumir un compromiso público de llenar las vacantes de cargos de responsabilidad que se encuentren pendientes mediante el sistema de alta dirección pública, tal como mandata la ley.

También se plantea que no se utilice la figura de la contratación de funcionarios a honorarios o agentes públicos para ofrecer rentas superiores a las fijadas en la Escala de Sueldos del Ministerio para cada función y que se refuerce la contratación de Inspectores Técnicos de Obra que posean responsabilidad administrativa, entre otras detalladas en el documento.

Desde el oficialismo se criticó el informe aprobado, pues aseguran que se hacen acusaciones bastante graves, que se basan en declaraciones contradictorias sin esperar a que finalicen las investigaciones que correspondan, ni a que los propios jueces den un veredicto.