Inician discusión de proyecto sobre crimen organizado y técnicas de investigación especiales
La iniciativa recibió el respaldo de las y los diputados, aunque con distintas visiones. Principalmente existen diferencias en cómo atacar el crimen organizado.
La Comisión de Seguridad Ciudadana inició la discusión general del proyecto de ley, originado en mensaje, que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación (boletín 13.982), con urgencia calificada de “suma”.
El texto modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal, con el fin de crear los delitos de asociación delictiva y asociación criminal, además de establecer técnicas especiales para su óptima investigación; y recoge parte de los avances realizados por la Comisión Redactora del Anteproyecto de Código Penal, que se formó en 2018.
Los dos nuevos delitos vienen a modernizar el delito de asociación ilícita, que ha estado tipificado de forma estructuralmente idéntica desde hace 145 años.
El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, indicó que uno de los aspectos importantes de la iniciativa, es que “sistematiza una serie de técnicas especiales de investigación ante el fenómeno de la criminalidad. El crimen ha cambiado con respecto a una década y eso supone nuevos desafíos”, señaló.
Agregó que “ahora se ve que las bandas tienen aliados nacionales e internacionales y eso hace que pasemos de una lógica de detener personas a desarticular a bandas, que tienen una alta complejidad y tienen alto poder, incluso de fuego. Hablamos de lavado de activos, riesgos al sistema financiero y tenemos que evitar que socaven algunas entidades del Estado como ocurre en otros países”.
Al respecto, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, dijo que “la experiencia de quienes han trabajado en terreno, por años, saben que la criminalidad cambió. Lamentablemente, se ha sistematizado y organizado. Nuestra legislación se ha quedado atrás y el problema se ha extendido a los ámbitos más variados. Hay que hacer modificaciones y darle las herramientas a quienes luchan contra estos delincuentes, entre ellas, técnicas especiales de investigación”.
Apoyo con distintas miradas
En general, las y los diputados entregaron su respaldo al texto y señalaron que es preciso discutir el tema. No obstante, existen algunas miradas distintas.
El diputado Raúl Leiva (PS) apuntó que “vemos este proyecto con muy buenos ojos”. Pero el parlamentario solicitó refundirlo con un texto del 2018 que fue suscrito por los miembros de la comisión de seguridad, que va en la misma línea. “No vamos a descubrir la pólvora porque este es un problema grave y ningún proyecto tiene una varita mágica para solucionar todo. Una cosa es el orden público, pero otro es el crimen organizado. Es algo que nos debe convocar a todos. A pesar de eso, extraño una agenda con estrategia, ya que más veo reacciones que otra cosa”, sostuvo el diputado.
La diputada Maite Orsini (RD) hizo hincapié en cómo se aborda el tema, puesto que “la idea es ampliar y aumentar penas y facultades de la policías a la hora de investigar, pero no hay que olvidar que cuando entregamos mas facultades a las policías ganamos en investigación, pero retrocedemos en derechos fundamentales. Además, siento que la estrategia está basada en la criminalización y siempre desde el lado punitivo. Hablemos de quitarles el poder económico; de rehabilitación y de la legalización de algunas drogas y otros temas”, planteó.
El parlamentario Sebastián Torrealba (RN) felicitó al Ejecutivo por este proyecto considerando que “es un complemento a la agenda de seguridad que ha presentado el Gobierno. La pelota en materia de seguridad está en el Congreso y debemos analizar y respaldar este texto. Aquí hay una modernización del delito y, por ende, las herramientas actuales quedan off side ante esos hechos. La iniciativa está bien planteada y espero que, transversalmente, estemos de acuerdo”.
En tanto, ajuicio del diputado de la UDI, Jorge Alessandri, “este es un proyecto tremendamente importante. Hay colisión de derechos cuando uno quiere dar más atribuciones a la policía, pero es más importante que no ocurran estos hechos y vivir en paz. Tenemos un ministro con gran experiencia como legislador y un ministro que fue alcalde. No les contamos cuentos. No podemos insistir en herramientas fracasadas”.
Alcances del proyecto
En particular, la iniciativa busca regular sistemática y orgánicamente las técnicas especiales de investigación, de interceptación de comunicaciones telefónicas, el uso de agentes encubiertos, agentes reveladores e informantes y de entradas vigiladas, extendiendo el alcance de estas técnicas a todos los casos de criminalidad organizada.
En ese sentido se modifica el Código Penal, reemplazando el párrafo X del Título VI del Libro segundo “De las asociaciones ilícitas”, por la frase: “De las asociaciones delictivas y criminales” y, se modifican los artículos 292, 293, 294 y 295, en varios términos: principalmente da cuenta de las sanciones, lo qué es una asociación ilícita y las personas que forman parte de éstas.
Además, se modifican otras disposiciones del Código Penal para actualizar las referencias a estos nuevos delitos. Por ejemplo, en cuanto a las diligencias especiales de investigación, establece que la interceptación de comunicaciones se aplicará cuando existieren indicios suficientes de que una persona hubiere cometido o participado en la preparación o comisión, o que ella preparare actualmente la comisión o participación en un delito al que la ley le asigne una pena igual o superior a presidio menor en su grado máximo.
En lo que respecta a los agentes encubiertos, agentes reveladores e informantes, que se utilizarán cuando existieren indicios suficientes basados en hechos determinados de participación en una asociación delictiva o criminal, se indica que el Juez de Garantía, a petición del Ministerio Público y mediante resolución fundada, podrá autorizar a funcionarios policiales para que se desempeñen en dichas funciones, siempre que fuere indispensable para el esclarecimiento de los hechos.
Durante la presente sesión, las y los diputados aceptaron de manera unánime la renuncia a la presidencia de la instancia por parte del diputado Miguel Ángel Calisto (DC). En su reemplazo, ocupará el cargo el diputado Raúl Leiva (PS).