Constitución avanza con proyecto que busca mejorar la persecución del narcotráfico
La instancia aprobó artículos para determinar el destino de bienes decomisados vinculados a delitos de producción y tráfico de drogas.
En conjunto con la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, el director del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas o Alcohol (Senda), Carlos Charme, y representantes del Ministerio Público, la Comisión de Constitución continuó con la votación del proyecto que busca mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado (boletín 13.588 y refundidos).
En la sesión se aprobó un cambio a la legislación actual que establece que caerán, especialmente, en comiso los bienes raíces y los muebles, tales como vehículos motorizados terrestres, naves y aeronaves y dinero, junto a las utilidades que hubieren originado.
Asimismo, caerán en comiso todos aquellos bienes facilitados o adquiridos por terceros a sabiendas, o no pudiendo menos que conocer del destino u origen de los mismos y que hayan servido para la comisión de cualquiera de los delitos penados en la ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
Agrega que, cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar las especies señaladas en este artículo, se podrá aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor u otros bienes que sean de propiedad de quien se encuentre imputado.
Donde se generó debate fue en torno a la votación del artículo 10 de la propuesta, que dentro de sus disposiciones establece que se podrá solicitar al juzgado de garantía correspondiente que los bienes decomisados que sean destinados al Senda, se transfiera su dominio para fines de prevención en la institución, no procediendo en este caso la enajenación en pública subasta.
Si bien los parlamentarios respaldaban esta parte de la propuesta, no hubo acuerdo con establecer, además, que parte de dichos recursos podrían ser destinados, igualmente, a unidades policiales que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas a cometer los delitos sancionados en la Ley 20.000.
La justificación planteada en el debate es que esto podría terminar afectando el trabajo de las policías, poniendo en riesgo la probidad necesaria para la persecución de estos delitos. Frente a esto, los parlamentarios propusieron al gobierno generar una nueva conversación con el Ministerio Público para adecuar esta norma, a través de una indicación, o bien separarla del contenido del artículo para poder aprobar en lo que sí hay acuerdo.
La comisión acordó continuar la votación en una próxima sesión a la espera de la modificación que permita concitar los votos necesarios para la aprobación del articulado.