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Norma aprobada facilitará la detención de delitos de trata de personas y tráfico de migrantes

Por medio de una adecuación legal, se facilitará la entrega de la autorización judicial a los fiscales para ampliar las solicitudes de detención para quienes incurran en los citados ilícitos.

Dip. Francisco Pulgar rinde el informe

Problemas como la trata de personas y el tráfico de migrantes vienen siendo recurrentes en el último tiempo en el norte del país. Por ello, es relevante dotar a la autoridad de herramientas necesarias para la persecución criminal de dichos delitos.

Ese es el espíritu que mueve a una moción (boletín 14877) presentada por los diputados Luis Malla (PL), Vlado Mirosevic (PL) y Sebastián Videla (IND), junto a la diputada Danisa Astudillo (PS). Dicha propuesta se aprobó en general en la Sala, el pasado 4 de julio. Y, hoy, la Cámara ratificó su articulado, por 144 votos a favor y una abstención, conforme a los acuerdos alcanzados en la Comisión de Seguridad Ciudadana.

La iniciativa consta de un artículo único que modifica el Código Procesal Penal. Favorece la persecución criminal del delito de tráfico de migrantes. También apunta a la promoción o facilitación de la entrada o salida del país de personas para que ejerzan la prostitución en el territorio nacional o en el extranjero, los vinculados a explotación sexual y los que se asocien u organicen para cometer este tipo de delitos.

La norma facilita la solicitud de ampliación de detención de hasta tres días que puede formular el fiscal. Para ello, se permite que la autorización judicial que la otorgue se haga de la forma más expedita posible. Así, podrá ser solicitada y otorgada por cualquier medio idóneo al efecto, tales como teléfono, fax, correo electrónico u otro.

Fundamentos

Según se explica en el informe, muchas veces, los fiscales no pueden llegar presencialmente en el plazo de 24 horas a solicitar la ampliación de una detención. Dicha situación se vive, particularmente, en el norte del país, donde las distancias dificultan un efectivo procedimiento judicial.

Se argumenta que la medida propuesta ya se utiliza en la persecución del tráfico de drogas. Por esto, se estima también necesaria para los delitos de trata de personas y tráfico de migrantes. De esta manera, el Ministerio Público contará con el tiempo suficiente para que las policías puedan recabar los antecedentes del delito eficientemente.

Además, la modificación favorece al detenido. Esto, porque, frecuentemente, la Fiscalía se ve forzada a solicitar medidas cautelares más restrictivas por no contar con los antecedentes suficientes.

El proyecto pasó a segundo trámite, al Senado.

Discusión

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En el debate participaron Bernardo Berger (IND), Álvaro Carter (UDI), Johannes Kaiser (IND), Yovana Ahumada (PDG), Felipe Donoso (UDI), Mercedes Bulnes (IND), Enrique Lee (IND), Sebastián Videla (IND), Henry Leal (UDI), Jaime Mulet (FRVS), Félix González (PEV), Rubén Darío Oyarzo (PDG), Marcela Riquelme (IND), Ricardo Cifuentes (DC), Stephan Schubert (IND), Vlado Mirosevic (PL) y Carlos Bianchi (IND).

El ánimo generalizado fue en pro de aprobar el proyecto, estimándolo necesario para la persecución criminal de estos delitos. Se expuso cómo la herramienta ayudará al accionar de las policías para la búsqueda de antecedentes que apoyen las causas que sostengan los fiscales, de modo que los delincuentes puedan ser imputados.

Sin embargo, varias voces llamaron a avanzar en otras líneas. Para algunos es fundamental frenar la llegada ilegal de inmigrantes y controlar la delincuencia en la macrozona norte. Para ello pidieron la definición de un estado de excepción.

Otros reclamaron mayor actividad en el trabajo de inteligencia policial/militar/gubernamental. Igualmente, respecto de la desarticulación de los carteles que están operando en el país. Asimismo, se requirió avanzar en las expulsiones de los inmigrantes ilegales para restar peso a dichos carteles.