Despachan proyecto que sanciona comercialización de productos del mar contaminados
La denominada “Ley Jahir”, fundada en el caso de Jahir Sánchez, quien falleció en Calbuco por consumir almejas contaminadas con el veneno o toxina paralizante de los mariscos, contempla sancionar el transporte y comercialización de productos del mar contaminados, particularmente en el caso de la “marea roja”.
Con gran apoyo fue aprobado hoy, en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, y despachado a su segundo trámite legislativo un proyecto de ley (boletín 14971) que sanciona a quien apoce, extraiga, transporte o comercialice recursos hidrobiológicos contaminados.
Para dichos fines, la normativa modifica la ley General de Pesca y Acuicultura. Así se da cuenta en el informe de la comisión técnica, rendido por el diputado Mauro González (RN). Este, además, es autor principal de la iniciativa que fue originada luego de la tragedia que significó la muerte del pequeño Jahir Sánchez, de 3 años, tras consumir almejas contaminadas en la costa de Calbuco.
En concreto, la iniciativa obliga a que todo apozamiento de recursos hidrobiológicos se informe al Servicio Nacional de Pesca. Esto, conforme a los requisitos que se establezcan mediante un reglamento.
Sanciones
El texto legal establece dos sanciones para quien extraiga, apoce a cualquier título, transporte, comercialice o distribuya de cualquier forma recursos hidrobiológicos respecto a los cuales la autoridad sanitaria haya prohibido su extracción, comercialización o traslado por el riesgo a la salud de las personas.
La primera sanción apunta a una pena de presidio menor en su grado medio (desde 541 días a 3 años y un día). La segunda, refiere a una multa de entre 20 y 50 UTM.
El mismo castigo se aplicará al que a sabiendas oculte el origen y/o destino de recursos hidrobiológicos extraídos. Ello, en contravención de la norma recién mencionada.
Si las conductas recaen respecto de recursos hidrobiológicos extraídos en zonas prohibidas afectadas por la presencia de veneno paralizante de los mariscos (VPM), la sanción será de presidio menor en su grado máximo (desde 3 años y un día a 5 años) y multa de 50 a 100 UTM. Lo mismo en el caso de productos con toxinas derivadas de floraciones algales nocivas para la salud. En ambos casos, cuando dicha circunstancia fuese debidamente publicada por la autoridad.
Si a consecuencia de estas conductas se produce la muerte de alguna persona, las penas corporales se elevarán en un grado. En tanto, la multa podrá aumentarse hasta el doble del máximo señalado en cada caso.
Debate
Durante el debate, las y los legisladores, transversalmente, valoraron la iniciativa como un aporte para avanzar hacia una ley necesaria y urgente. Además, resaltaron la importancia de tener más información respecto de los apozamientos de los recursos hidrológicos para realizar una fiscalización efectiva.
Sin embargo, estimaron que esta iniciativa debe ir de la mano con recursos para mejorar las tareas de fiscalización en el mar de las instituciones respectivas.
En esa línea, se llamó al Gobierno a mejorar los procesos de fiscalización y entrega de facultades al aparato administrativo para ejecutarlas. Asimismo, invertir en más tecnología en los ámbitos de la detección de los flujos marinos donde se encuentra la marea roja. También, en laboratorios de toxinas marinas en todo el sur de Chile que permitan acceder a diagnósticos rápidos y eficientes a aquellas personas que puedan estar contagiadas.
En el debate participaron las/los diputados PS Marcos Ilabaca; DC Héctor Barría y Miguel Ángel Calisto; PC María Candelaria Acevedo y Carolina Tello; RD Jorge Brito; independientes Leonidas Romero y Tomás De Rementería; Comunes Camila Rojas; y PL Alejandro Bernales.
También intervinieron desde la UDI Cristhian Moreira y Sergio Bobadilla. Y, por Renovación Nacional, Jorge Rathgeb, Bernardo Berger y Mauro González.