CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Garantizar la entrega de contenido integral en las horas de libre disposición de la jornada escolar completa. Ese es el objetivo del proyecto que la Comisión de Educación aprobó en general (boletín 15301) con un amplio respaldo.

La norma establece que para determinar las actividades en estas horas del plan de estudios los establecimientos deberán considerar la opinión del Consejo Escolar. Es decir, de una instancia participativa y vinculante en que estudiantes, apoderados y otros actores de la comunidad educativa decidan su orientación. Esto, teniendo a la vista el Proyecto Educativo Institucional.

Además, agrega que las horas de libre disposición procurarán un desarrollo integral del estudiante. Por lo tanto, no podrán ser utilizadas para aumentar el tiempo destinado a las asignaturas obligatorias.

En el proyecto, ingresado a trámite en agosto por diputadas y diputados, se argumenta que los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral. Por ende, resulta pertinente asegurar que el tiempo de horas de libre disposición cumpla la exigencia de concretar actividades como perfeccionamiento, talleres, generación y evaluación de proyectos curriculares y de mejoramiento educativo.

Expositores

En la jornada participó el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz. El docente valoró los alcances de la propuesta, sobre todo por el carácter vinculante respecto del Consejo Escolar.

Junto a esto, reconoció la importancia de potenciar el desarrollo integral de las y los estudiantes y no aumentar el tiempo de las asignaturas obligatorias. A su juicio, en las escuelas “se ha dejado de lado la formación integral del ser humano” y se “adiestran” frente al Simce. Junto a esto, recalcó la necesidad de mejoras en la infraestructura de los establecimientos. Esto, para poder implementar, por ejemplo, talleres de deporte.

Además, en la sesión participaron representantes del Ministerio de Educación, quienes ratificaron el respaldo del Ejecutivo a la propuesta. Gustavo Astudillo, jefe de asesores del ministerio, reconoció el derecho de los estudiantes a tener una oferta educativa que responda a sus necesidades de desarrollo.

Asimismo, destacó la necesidad de responder a los desafíos que enfrenta la educación por los efectos de la pandemia y la complejidad de los tiempos. Por esto, argumentó que la propuesta se vincula de buena manera con la política de reactivación educativa integral “Seamos comunidad” que desarrolla la cartera.

El presidente de la comisión, diputado Juan Santana (PS) uno de los promotores de la propuesta, solicitó al gobierno hacer una revisión de los sistemas de evaluación. Explicó que, para que la norma sea eficiente, es necesario que se termine con un sistema de mediciones que no generan el incentivo correcto.

Por parte de quienes plantearon dudas respecto al proyecto, se argumentó que la norma afectaría la libertad de enseñanza de los establecimientos. Al respecto, el diputado Hugo Rey (RN) cuestionó que si se limita qué se puede realizar ya no serían “horas de libre elección”.

Becas de alimentación

En segundo lugar, la comisión también analizó el programa de Becas de Alimentación de Educación Superior (BAES). Para esto, recibieron la exposición de los estudiantes representantes de Lucha Baes, Osvaldo Azócar y Cresente Lizarbe.

Los dirigentes explicaron en la comisión que el monto de las becas es insuficiente para responder a las necesidades de alimentación de las y los estudiantes. Si bien reconocen que el gobierno realizó un ajuste de los montos, después de siete años, aseguran que es necesario ampliarlo y extenderlo. Además, proponen que éste sea calculado en UF para que sea realmente representativo del costo de los alimentos, sobre todo en este escenario inflacionario.

También plantearon la necesidad que se considere a las y los universitarios que requieren de una alimentación diferenciada (celíacos, por ejemplo) y que la cobertura sea todo el año y no sólo los 10 meses académicos.