Comisión inició análisis de proyectos sobre salud mental en la educación
La Comisión de Educación se abocó al estudio de varias propuestas legislativas que buscan proteger la salud mental en los estudios superiores y los procedimientos de denuncia en caso de acoso laboral para académicos y funcionarios.
Proyectos relativos a la educación mental en la educación analizó la comisión ad hoc en dos sesiones esta semana.
En primer lugar, el lunes 15, el grupo parlamentario dedicó la sesión al proyecto que establece un sistema de protección para estudiantes de educación superior que requieren cuidados en su salud mental (boletín 16428).
Se trata de una moción de la diputada Emilia Schneider (CS), junto a Héctor Barría (DC), Ana María Gazmuri (PAH), Marta González (IND), Diego Ibáñez (PCS), Luis Malla (PL), Erika Olivera (DEM), Rubén Darío Oyarzo (IND), Hugo Rey (RN) y Juan Santana (PS).
En la sesión, la diputada Schneider indicó que la idea matriz de la iniciativa es crear medidas para resguardar la salud mental de todas las comunidades de la educación superior. De esta forma, la iniciativa plantea establecer derechos específicos para estudiantes que requieren cuidados en su salud mental y otras que resguardan y promueven la buena salud mental de la comunidad en su conjunto.
Así, el proyecto establece algunas medidas de resguardo. Por ejemplo, obligatoriedad de incorporar una semana de receso académico por periodo y días de gracia post feriados y semanas de recesos, para organizar estudios y trabajos.
También, agrega medidas específicas para estudiantes con problemas de salud mental debidamente acreditados por un psiquiatra. Entre ellas, postergación de evaluaciones; prioridad en la inscripción de asignaturas o interrupción anticipada; modificación del formato de las evaluaciones; y exigencia de menor porcentaje de asistencia, entre otros.
La comisión escuchó también la opinión del subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, quien valoró la iniciativa y señaló que va en la línea de lo que está diseñando el Gobierno.
Las y los diputados acordaron escuchar a varias organizaciones respecto a esta iniciativa. Entre ellas, la Confech y el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.
Personal docente y salud mental
En otra sesión, la comisión inició el análisis de dos mociones que buscan establecer mecanismos de protección del personal ante situaciones de violencia. Cabe mencionar que la Sala acordó refundir dichos proyectos, por lo que se tratarán como una sola iniciativa.
La primera de ellas (boletín 16706) es de Jaime Araya (Ind), junto a sus colegas Yovana Ahumada (Ind), Mónica Arce (Ind), Héctor Barría (DC), Sergio Bobadilla (UDI), José Miguel Castro (RN), Alejandra Placencia (PC), Catalina Pérez (RD), Emilia Schneider (CS) y Sebastián Videla (Ind). El texto modifica la Ley General de Educación. La idea es fortalecer la protección del personal docente y otros profesionales de la educación ante situaciones de violencia.
Además, rinde homenaje póstumo a la profesora de inglés, Katherine Yoma. La profesional se suicidó tras denunciar amenazas de muerte por parte de una alumna.
El diputado Araya detalló que la iniciativa busca establecer una modificación, para que todas las instituciones del Estado, con competencia en estas materias (violencia), deban actuar bajo principios esenciales. Ellos son la cooperación, coordinación, eficacia y eficiencia, para entregar una respuesta pronta y oportuna a la víctima, con una facultad cautelar especial.
Protección a funcionarios
La segunda moción (boletín 16721) es de la diputada Mónica Arce, junto a José Miguel Castro (RN), Viviana Delgado (Ind), Andrés Giordano (Ind), Hugo Rey (RN) y Emilia Schneider (PCS).
El texto modifica diversos cuerpos legales para otorgar mayor protección a personas que ejerzan funciones en posición de garante, en situaciones de violencia corporal o psicoemocional.
Respecto al proyecto, la diputada Arce detalló que la violencia institucional ha evolucionado. En ese sentido, señaló que la iniciativa abarca una mirada más integral de la violencia hacia los trabajadores públicos, incluyendo, por ejemplo, a los de la salud.
En la sesión estuvo presente la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, quien valoró ambas propuestas refundidas. Sin embargo, consultó a la comisión la posibilidad de dar prioridad a la ley José Matías, iniciativa que ya aprobó la Cámara y está en el Senado en segundo trámite.
La propuesta legal refuerza la normativa sobre convivencia escolar, considerando el respeto de la identidad sexual y de género. Además, sanciona toda forma de discriminación basada en estas circunstancias.
La subsecretaria Arratia planteó la posibilidad de agregar indicaciones a ese proyecto de ley, lo que significaría una tramitación más rápida para abordar los problemas de salud mental en la educación.
La Comisión de Educación acordó que la próxima semana recibirán a expertos en el tema, antes de determinar si acogen la propuesta de Gobierno.