La Comisión de Recursos Hídricos recibió a pequeños campesinos de la región de Coquimbo, quienes acusaron problemas en la ejecución del Catastro Nacional de Aguas. Leticia Ramírez, representante de la Mesa Rural Campesina, denunció las dificultades que han tenido para cumplir con la norma.  Ésta busca perfeccionar los derechos de agua, mediante un catastro público.

La dirigenta calificó de necesaria la medida, pero criticó los tiempos y la forma en que se está llevando a cabo el registro. Leticia Ramírez aseguró que, se otorgaron 18 meses de plazo para la regularización de la masa campesina no usuaria del Instituto Nacional Agropecuario (INDAP). Esto, a diferencia de las comunidades indígenas y los usuarios de INDAP que tienen 5 años para inscribirse.

La representante de la Mesa Campesina agregó que, sólo en la región de Coquimbo, 6 mil son los pequeños campesinos que podrían tener dificultades para cumplir con el trámite. Dicen no saber cómo se hace, la mayoría se reconoce como analfabeto digital y sin acceso a tecnologías.

La Mesa Campesina lamentó lo engorroso del trámite, lo que no favorece a los pequeños agricultores. De no cumplir con los plazos, los campesinos se exponen a multas que van desde las 10 a las 2 mil UTM.

Ramírez pidió a la Dirección General de Aguas (DGA) contratar el personal necesario para hacer el catastro. Tomando en consideración la información disponible en los Conservadores, en las Juntas de Vigilancia y en las Comunidades de Agua.

Finalizó diciendo que el procedimiento debe estar ajustado a la ruralidad, de lo contrario está expuestos a la expropiación de sus derechos de agua.

Cuenca del Aconcagua

Las y los diputados también conocieron sobre la grave situación hídrica de la cuenca del rio Aconcagua. Para este propósito, recibieron al presidente del directorio de la Junta de Vigilancia de la Primera Sección del Río Aconcagua, Javier Crasemann.

Crasemann aseguró que, hace 12 años viven una realidad crítica respecto al agua. Esto se suma “al cambio significativo en la forma de distribuir el recurso, a raíz de un dictamen de la Contraloría General de la República”.

Denunció que la DGA cambió los criterios de redistribución de agua en el Aconcagua.  Agregó que, con esto, “se rompió el precario equilibrio de los últimos 12 años de sequía que permitía repartir equitativamente la afectación”.

Pidió a la DGA un criterio acorde a la realidad de la cuenca, que se considere la real disponibilidad del agua y no solo sus derechos. Solicitó establecer una fórmula entre disponibilidad y necesidad efectiva.

En tanto, el presidente del Directorio de la Junta de Vigilancia de la Segunda Sección del Río Aconcagua, Mirko Yakasovic, dijo tener los mismos problemas que la primera sección. Reconoció que la nueva redistribución es justa y favorece a todos los territorios. El problema, dijo, está en la falta de agua.

Pidió adoptar medidas como la desalinización del agua y la reutilización del recurso.

Por su parte, las y los parlamentarios pidieron el bienestar del valle del Aconcagua. La Comisión acordó oficiar a la Contraloría para que explique sobre este cambio en la redistribución del agua. También  acordó exigir la presencia del Ejecutivo cuando se aborden situaciones como las expuestas en esta sesión y oficiarán a la DGA para que su director asista a la comisión.