Comienzan exposiciones por reformas sobre sexto retiro de fondos previsionales
La Comisión de Constitución recibió al Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, al economista Enrique Marshall y al representante de la Asociación de Consumidores de Viña del Mar, Héctor Gutiérrez. La instancia además despachó a Sala el proyecto que regula el funcionamiento de la comisión para la fijación de remuneraciones de autoridades.
En el marco del debate de los seis proyectos de reforma constitucional para permitir un sexto retiro de fondos previsionales de cuentas de capitalización individual (boletines 14909, 14912, 14915, 14917 y 14886), la Comisión de Constitución comenzó la ronda de audiencias.
Expuso en la sesión el Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, quien insistió en los argumentos planteados en los retiros anteriores. En especial, los efectos financieros que traería la medida. Igualmente, advirtió que serían más de 5 millones de personas que se quedarían sin fondos previsionales.
Sostuvo que un sexto retiro castigaría el valor de los fondos previsionales de todos los afiliados. Además, agudizaría la presión sobre el Estado para financiar pensiones actuales y futuras. Indicó que es una propuesta altamente regresiva, que va en la dirección contraria con la idea de ahorrar más, profundizando el daño previsional.
Macías detalló que, como resultado de los tres primeros retiros de fondos, más de un millón y medio de personas no tienen saldo en su cuenta. Agregó que con un nuevo retiro del 10%, más de cuatro millones de afiliados y pensionados podrían quedar sin saldo. Ello que implicaría que más de 5 millones y medio de personas quedaría sin recursos previsionales debido a los retiros lo que representaría un 43% por ciento del total de afiliados.
Cifra similar se da con la propuesta de retirar un millón de pesos de las cuentas, donde más de 5 millones 200 mil personas quedarían sin saldo. Añadió que, con un nuevo retiro, el total girado fluctuaría entre más de 63 millones y 73 millones de dólares.
Consejo Consultivo Mercado de Capitales
Por su parte, el economista Enrique Marshall, planteó que un nuevo retiro no es una buena iniciativa, pues tiene efectos negativos en los usuarios de servicios financieros. Lo propio sobre la inflación, la macroeconomía, el ahorro de los hogares, las pensiones y en la caja fiscal.
Indicó que principalmente, se verán afectadas las personas y las Pymes, porque habría menos créditos y con condiciones menos favorables. Finalmente, dijo que el retiro aumentaría la brecha (déficit) de recursos para financiar pensiones, que se estima entre 50 y 60 millones de dólares.
Ante la instancia expuso también Héctor Gutiérrez, presidente de la Asociación de Consumidores de Viña del Mar, APROC. Enfatizó que los fondos previsionales son “sagrados” para los trabajadores. Al mismo tiempo, llamó la atención de los parlamentarios, en cuanto al deterioro del ahorro bancario y el bajo rendimiento sobre el capital.
Debate del sexto retiro
Diversas posturas manifestaron los legisladores. Jorge Alessandri (UDI) valoró la opinión técnica con evidencia empírica que expusieron los invitados. En tanto, el diputado Miguel Ángel Calisto (IND) pidió la presencia del Gobierno y de Hacienda en la discusión de las iniciativas. Ello, para revisar el tema inflacionario, porque este debate se relaciona con una futura reforma de pensiones.
Por su parte, René Alinco (IND) criticó que se tecnifique la discusión, ya que millones de chilenos no la entienden. Insistió en que el retiro no es obligatorio y sirve para financiar temas urgentes como la salud y educación, entre otros. Por su parte, Pamela Jiles (IND) rechazó que se mienta sobre la relación entre el retiro y la inflación. Recordó que los ahorros privados pertenecen a las personas.
Comisión Fijación de Remuneraciones
En otra materia, la comisión aprobó en general y en particular, por 12 votos a favor y una abstención, el proyecto (boletín 14819) que regula el funcionamiento, organización, funciones y atribuciones de la Comisión Para la Fijación de Remuneraciones a que alude la Carta Fundamental.
Dicha instancia tendrá por objeto fijar las remuneraciones de un grupo de autoridades. Entre ellos figuran el Presidente o Presidenta de la República, senadores o senadoras, diputados o diputadas, gobernadores o gobernadoras regionales y los funcionarios o funcionarias de exclusiva confianza del Jefe de Estado.
Lo propio con las remuneraciones de los contratados a honorarios que asesoren directamente a las autoridades gubernamentales. Estas serán fijadas cada cuatro años y con a lo menos, dieciocho meses de anticipación al término de un periodo presidencial.
La Comisión está integrada por un exministro de Hacienda; un exconsejero del Banco Central; un excontralor o subcontralor de la Contraloría General de la República; un expresidente de una de las ramas que integran el Congreso Nacional; y un exdirector Nacional del Servicio Civil.