Cámara aprueba reconocer a Internet como un servicio público
El texto volvió al Senado a tercer trámite, puesto que durante su tramitación en la Cámara recibió indicaciones del Ejecutivo.
La Sala de la Cámara respaldó el proyecto que reconoce a internet como un servicio público (boletín 11632). La iniciativa busca asegurar el acceso a este servicio de telecomunicaciones. Particularmente, en zonas urbanas y rurales donde hoy no llega este servicio.
El texto recibió 117 votos a favor y 6 abstenciones. Una norma de quórum (que requería 78 votos afirmativos), recibió 111 preferencias favorables y 12 abstenciones.
El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, detalló las principales enmiendas. Explicó que el proyecto acelerará la opción para que las personas puedan acceder a Internet mediante concesiones obligatorias.
En ese sentido, indicó que las concesionarias de telecomunicaciones deberán entregar cobertura obligatoria de Internet dentro de sus áreas de concesión.
Otra novedad es que se permitirá subsidiar la demanda mediante el fondo de Telecomunicaciones. Ello permitirá subsidiar la cuenta de Internet de hogares que no pueden acceder por no poder pagar el servicio.
La norma busca incorporar la neutralidad tecnológica con condiciones de protección de salud pública y garantiza el uso compartido de ciertas frecuencias. Junto a esto, establece que la instalación, operación y explotación de los servicios públicos de telecomunicaciones estará contenida en un “Plan Nacional Digital”. Este plan estará a cargo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).
Nuevo rol de Desarrollo Social
El texto además releva la rentabilidad social de los proyectos de telecomunicaciones e Internet. Para incluir iniciativas de inversión en infraestructura de telecomunicaciones en el programa de proyectos subsidiables de la Subtel, será necesario acompañar un informe de evaluación de rentabilidad social favorable. Dicho documento deberá ser elaborado por la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Esta norma aplicará tanto para las compañías que tengan infraestructura física o bien para su mantenimiento. Asimismo, los criterios deberán considerar elementos objetivos de focalización. Entre estos, se considera privilegiar los proyectos en la población con menor acceso a servicios de telecomunicaciones.
Además, se aprobó aumentar a presidio menor en su grado máximo la interceptación maliciosa de servicios de telecomunicaciones (tres años y un día a cinco). Y se estableció que la norma entrará en vigencia 24 meses después de su publicación en el Diario Oficial.
Internet como servicio público
El proyecto modifica la Ley de Telecomunicaciones. Lo primero que hace es definir que todos los habitantes del país tendrán acceso libre e igualitario a Internet.
Dentro de las materias que aborda, establece que las empresas concesionarias deberán remitir al Ministerio el listado de los reclamos que hayan recibido de los usuarios. La información deberá incluir el tipo de reclamo, la región, comuna y el sector específico en que se origina el problema.
También se dispone que, en estados de excepción, catástrofe y emergencias sanitarias, las autoridades competentes deberán adoptar medidas excepcionales y provisorias para garantizar que los operadores y proveedores puedan proveer el servicio a la comunidad.
Debate
Las y los parlamentarios enfatizaron en la importancia de que el servicio de Internet llegue a todos los rincones. Muchos mencionaron la pandemia como un hito fundamental en que Internet se convirtió en un servicio básico para la educación y la economía.
En ese sentido, varios recordaron escenas en que las y los alumnos debieron subirse a techos o incluso a un árbol para poder conectarse a Internet y así seguir sus clases telemáticas.
Por ello, el apoyo fue transversal a esta iniciativa, que permitirá llegar a zonas donde hoy no existe el servicio de Internet y no hay obligación de proveerlo.
Informó el proyecto a la Sala el diputado Cosme Mellado (PR).
Luego, intervinieron Carolina Marzán (PPD), Marta Bravo (UDI), Clara Sagardía (Ind), Bernardo Berger (Ind), Daniel Melo (PS), Marisela Santibáñez (PC), Sara Concha (PSC), Ricardo Cifuentes (DC), Daniel Lilayu (UDI), Jaime Sáez (RD), Jorge Rathgeb (RN), Mónica Arce (Ind), Felipe Camaño (Ind), Joanna Pérez (Ind), Ana María Gazmuri (PAH) y Mauricio Ojeda (Ind).
También participaron del debate las y los diputados Emilia Nuyado (PS), Juan Carlos Beltrán (RN), Diego Ibáñez (CS), Fernando Bórquez (Ind), Jaime Mulet (FREV), Alejandro Bernales (PL), Karol Cariola (PC), Marta González (Ind), Hugo Rey (RN), Felipe Donoso (UDI), Camila Musante (Ind), Leonidas Romero (Ind), Henry Leal (UDI), Carolina Tello (PC) y Flor Weisse (UDI),