OO.PP. despachó nuevo informe de proyecto que reconoce a internet como servicio público
El objetivo de la iniciativa es impulsar el despliegue y desarrollo de redes de servicios de internet en el país para facilitar el acceso a las telecomunicaciones a la ciudadanía.
La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones despachó el proyecto que reconoce a internet como un servicio público (boletín 11632). La norma ya había sido analizada por esta instancia en junio de 2022. Sin embargo, por acuerdos de los comités parlamentarios, la iniciativa volvió a la instancia para el desarrollo de un nuevo informe.
La norma busca incorporar la neutralidad tecnológica con condiciones de protección de salud pública y garantiza el uso compartido de ciertas frecuencias. Junto a esto, establece que la instalación, operación y explotación de los servicios públicos de telecomunicaciones estará contenida en un “Plan Nacional Digital”. Este plan estará a cargo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).
En la sesión, estuvo presente Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones. La autoridad explicó los alcances de las nuevas indicaciones presentadas a la propuesta. Ellas apuntaron, principalmente, a integrar al Ministerio de Desarrollo Social en la definición de la entrega de recursos públicos para financiar nuevos proyectos de conectividad a Internet.
Nuevo rol de Desarrollo Social
En la citada dirección, la comisión respaldó, por mayoría, la propuesta del Gobierno para relevar la rentabilidad social de los proyectos de telecomunicaciones e internet.
La indicación establece que, para incluir iniciativas de inversión en infraestructura de telecomunicaciones en el programa de proyectos subsidiables de la Subtel, será necesario acompañar un informe de evaluación de rentabilidad social favorable. Dicho documento deberá ser elaborado por la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Esta norma aplicará tanto para las compañías que tengan infraestructura física o bien para su mantenimiento. El subsecretario explicó que el objetivo es que los proyectos del Fondo Social de Desarrollo de las Telecomunicaciones pasen por la evaluación de Desarrollo Social. De esta forma, se resguarda que este tipo de inversión tenga los mismos estándares de otros tipos de infraestructura, como agua potable, electricidad, etc.
Por otro lado, se aprobó una indicación que establece que los criterios deberán considerar elementos objetivos de focalización. Entre estos, se considera privilegiar los proyectos en la población con menor acceso a servicios de telecomunicaciones.
Finalmente, se aprobó aumentar a presidio menor en su grado máximo la interceptación maliciosa de servicios de telecomunicaciones (tres años y un día a cinco). Y se estableció que la norma entrará en vigencia 24 meses después de su publicación en el Diario Oficial.