Avanza proyecto sobre inclusión laboral de personas con discapacidad
En forma unánime la comisión de Personas Mayores y Discapacidad aprobó las últimas indicaciones del proyecto de inclusión laboral. Ahora el texto pasa a la comisión de Hacienda.
Con un respaldo unánime a las modificaciones propuestas a la iniciativa, que modifica el Código del Trabajo y otras leyes en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarios de pensión de invalidez, la comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara despachó el proyecto.
El texto (boletines refundidos 13011, 14445 y 14449) se encuentra en segundo trámite. Su objetivo es reforzar la inclusión laboral, tanto en el sector público como privado.
Entre los fines de la propuesta se cuenta establecer la obligación para unidades laborales con más 100 trabajadores de reservar al menos 2% de sus puestos de trabajo. Ello, a personas que posean alguna discapacidad física, mental o sensorial de carácter temporal y permanente.
Además, se incluyen adecuaciones para incluir a personas asignatarias de una pensión de invalidez. También hay cambios referidos a la celebración de contratos de prestación de servicios y modificaciones respecto a las multas cursadas por la infracción a las normas sobre inclusión laboral.
A su vez, se propone equiparar los estudios en escuelas especiales con los de educación formal, para ingresar a la Administración del Estado, entre otros aspectos.
Indicaciones aprobadas
A la sesión, en que se votaron en forma unánime las últimas indicaciones parlamentarias y de Gobierno, asistieron el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson y el director nacional del Senadis, Daniel Concha.
En la ocasión se aprobaron ciertas labores que deberá cumplir la Dirección del Trabajo. Entre ellas, mantener un reporte estadístico de acceso público sobre inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarios de pensión de invalidez.
El ministro explicó que se informarán los contratos sin el detalle de las personas contratadas. Además, el número de empresas que registran contratos, uso de medidas alternativas y razones fundadas para no cumplir con la ley 21.015 de inclusión laboral, así como denuncias y sanciones aplicadas.
La Dirección del Trabajo podrá solicitar información al Servicio de Impuestos Internos (SII). Así como, a la Administradora de Fondos de Cesantía y a la sociedad comercial Servicios de Administración Previsional S.A. Ello con el fin de determinar el número de empresas que deben cumplir con las obligaciones sobre inclusión laboral.
Otras normas sobre inclusión laboral
En otro punto, la Dirección Nacional del Servicio Civil, en coordinación con el Senadis, deberá emitir anualmente un informe del cumplimiento de la normativa en los órganos de la Administración del Estado. Este deberá contener el universo de instituciones públicas obligadas al cumplimiento de la ley, así como el cumplimiento de la selección preferente, reserva legal y difusión, entre otros aspectos.
En caso de incumplimiento reiterado de normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad (ley 20422), se hará efectiva la responsabilidad administrativa del jefe superior o jefatura máxima del órgano involucrado.
También, se considerará infracción al principio de probidad administrativa el hecho de que un organismo, servicio o institución realice nuevas contrataciones sin dar cumplimiento a la selección preferente.
En otro aspecto, el Ministerio del Trabajo promoverá la realización de campañas de información y comunicación sobre la ley de inclusión laboral, incluyendo sus modificaciones. Estas estarán dirigidas a empresas, sindicatos, organizaciones gremiales, trabajadoras y trabajadores.
Disposiciones transitorias
Sobre las disposiciones transitorias se establece una entrada diferida de ciertas normas, como la obligación de contar con un gestor de inclusión en el sector púbico y con lineamientos de inclusión en la política de personal. Ello entrará en vigencia un año de publicada la ley.
Además, se estableció el aumento de la cuota de contratación del 1 al 2% en los sectores privado y público y, la limitación de donaciones del sector privado.
El proyecto pasará ahora a la Comisión de Hacienda, antes de votarse en la Sala de la Cámara.