CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Un nuevo proyecto de la agenda de seguridad se analizó y aprobó hoy en la Sala de la Cámara. La propuesta (boletín 15956) introduce como nueva falta el porte injustificado de combustibles aptos para la comisión de atentados en manifestaciones públicas.

El informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana explica que su idea matriz es proteger el derecho a manifestarse pacíficamente. De tal modo, busca asegurar la integridad física de las personas que ejercen dicho derecho, de los transeúntes y de las policías. Para lograr el citado objetivo, se modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal.

En dicho marco se propone disponer de herramientas para disuadir de toda acción o conducta que pueda atentar contra tal garantía. Así, incorpora una nueva falta en el ordenamiento jurídico punitivo para quien, injustificadamente, en el contexto de reuniones en lugares de uso público, porte combustible apto para cometer atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas.

La multa planteada a esta situación será de diez a veinte UTM. Esto se aplicaría siempre y cuando no pueda proporcionarse una explicación razonable para su porte.

Igualmente, se permite a las policías detener a las personas que incurran en la falta que se sanciona.

Por último, se plantea una sanción penal en este marco (ver más abajo, en votaciones).

Discusión

En el contexto de este proyecto que busca terminar con los atentados de bombas molotov y las barricadas en las manifestaciones públicas, se desarrolló un amplio e intenso debate.

Participaron Hernán Palma (IND), Diego Schalper (RN), Lorena Fries (PCS), Juan Antonio Coloma (UDI), Hotuiti Teao (IND), Andrés Jouannet (Amarillos), Cristián Araya (PREP), Sara Concha (PSC), Andrés Celis (RN), Vlado Mirosevic (PL), Felipe Donoso (UDI), Boris Barrera (PC), José Carlos Meza (PREP), Maite Orsini (RD), Raúl Leiva, Andrés Longton (RN), Cristhian Moreira (UDI), Jorge Brito (RD), Johannes Kaiser (PREP), Daniel Manouchehri (PS), Lorena Pizarro (PC), Marta González (IND), Gonzalo De la Carrera (IND), Camila Musante (IND), Bernardo Berger (IND), Henry Leal (UDI), Félix González (PEV), Daniela Serrano (PC), Cristóbal Urruticoechea (PREP), Claudia Mix (Comunes), Jorge Alessandri (UDI), Agustín Romero (PREP), Juan Carlos Beltrán (RN), Marta Bravo (UDI), Miguel Mellado (RN), Mónica Arce (IND), Christian Matheson (IND), Fernando Bórquez (UDI), Leonardo Soto (PS), Marcos Ilabaca (PS) y Daniel Lilayu (UDI).

En general, se apreciaron tres posturas en el debate. Una de ellas fue expresada por legisladores/as del PC, así como parte del Frente Amplio.

Expresaron su oposición al texto, estimando que atenta contra la presunción de inocencia. Reclamaron, además, que se entrega una facultad a las policías que se puede ejercer con discrecionalidad al no estar especificada. Así, podría detenerse a alguien que transporte combustible, por ejemplo, para su hogar.

En el otro extremo estuvieron representantes de la derecha y algunos del centro político. Evaluaron positivamente la propuesta y la consideraron necesaria para resguardar el derecho a la protesta pacífica. Desestimaron los argumentos de la izquierda, remarcando que nadie va a una manifestación con un bidón de parafina, salvo que quiera irrumpir en ella. Asimismo, defendieron que se cree una sanción penal y no solo una falta.

Una postura intermedia manifestaron algunos sectores afines al Gobierno, como el PS y PL, así como del centro. Si bien, defendieron el proyecto, rechazaron la norma penal bajo diversas consideraciones.

La propia ministra del Interior, Carolina Tohá, argumentó en dicha línea. Acotó que la propuesta busca defender el derecho de reunión pacífica. Por ello se impulsó la falta ya descrita, así como la posibilidad de detención para los infractores. “Debemos dar un consenso político de que las molotov deben ser erradicadas”, acotó.

Pero criticó que la sanción penal excede al espíritu de esta ley. Así, llamó a rechazarla, más cuando contradice a la sanción ya planteada (la falta). Y, en caso de aprobarse, anunció que se recurriría al Tribunal Constitucional. Remarcó que no es posible mandar a la cárcel a quién aun no comete un delito. Por otra parte, sostuvo que portar una molotov u otro artefacto explosivo ya tiene una sanción penal, más alta que la acá planteada.

Votaciones

Al momento de las votaciones, el proyecto se aprobó en general por 110 votos a favor, 30 en contra y 3 abstenciones. Luego, en particular, se ratificaron los dos primeros artículos, donde se crea la falta y la autorización para la detención de sus infractores.

El artículo tercero, tal como salió de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sancionaba con presidio menor en su grado mínimo a medio (de 61 días a 3 años y un día) a quien fuese aprehendido con sustancias, artefactos o implementos dispuestos para fabricar elementos de carácter explosivo. Lo anterior era sin perjuicio que el hecho pudiera derivar en tentativa o comisión frustrada de un delito distinto, en cuyo caso se planteaba aplicar la pena de mayor entidad.

Dicho punto no se votó directamente, sino que se abordó por la vía de la admisibilidad de la disposición, de origen parlamentario. Así, al declararse inadmisible, se dio por rechazado también el artículo en cuestión.

Sin embargo, se aprobó una nueva indicación que incorporó, igualmente, una sanción penal. La norma sanciona con presidio menor en su grado mínimo (desde 61 días a 540 días) a quien, en el contexto de reuniones en lugares de uso público, porte injustificadamente combustible apto para cometer atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas.

Sobre el punto, el Ejecutivo mantuvo su postura que es incompatible respecto de la nueva falta y que vulnera la idea matriz de la iniciativa. En tal contexto, hizo reserva de constitucionalidad.

La propuesta pasó ahora a consideración del Senado.