Comisión investigadora sobre incendios forestales en el sur del país aprobó su informe de conclusiones
El texto, que será entregado a la Sala por el diputado Sergio Bobadilla, resalta que los incendios forestales del verano 2022-2023 fueron una de las peores catástrofes naturales que ha vivido Chile en los últimos años. Ellos afectaron, principalmente, a las regiones del Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos, causando daños de gran magnitud.
Los comisión especial investigadora sobre incendios forestales (CEI 18) aprobó su informe final de conclusiones.
En particular, el grupo parlamentario se encargó de fiscalizar los actos de Gobierno relacionados con la prevención, gestión y combate de los incendios en el territorio nacional.
La investigación sobre incendios forestales correspondió a una petición de 64 diputadas y diputados. Se generó tras la expansión y el grave daño asociado a los focos de incendio presentados en la temporada 2022-2023.
Luego de las audiencias y el trabajo desarrollado, la comisión logró parcialmente consenso respecto de las falencias detectadas. Uno de puntos mas discutidos estuvo centrado en las medidas y actuaciones tomadas por el Estado para efectos de la prevención, gestión y reacción ante incendios forestales.
El informe sostiene que, respecto los últimos incendios ocurridos en nuestro país, ha existido un avance en cuanto a la dotación de elementos técnicos y mejoras presupuestarias, tanto para su prevención, investigación y combate.
No obstante, tales condiciones no resultaron suficientes, dada la magnitud y simultaneidad de los incendios ocurridos. Esta situación se tradujo en un sistema de respuesta altamente exigido y estresado en su disponibilidad de recursos, principalmente, por la cantidad de focos producto de la intencionalidad y negligencia del hombre.
Plantea que, producto de este gran porcentaje de intencionalidad y negligencia que se pudo ver en los acontecimientos ocurridos entre enero y marzo 2023, el foco debe estar puesto en la seguridad pública. Y, sobre todo, en la prevención y preservación del delito.
Recomendaciones
En materia de propuestas, las y los legisladores proponen, entre otros puntos, mejorar el Sistema de Alerta de Emergencias. Además, sugieren la designación de un “encargado de Emergencias” que cuente con la experiencia y preparación para ello. También, que los municipios puedan participar activamente en la prevención.
Señalan que es fundamental mejorar la coordinación entre los diferentes organismos involucrados en la lucha contra los incendios forestales como bomberos, personal militar, brigadistas y comunidades locales.
En el ámbito estatal e interministerial plantean que es necesario implementar programas de actividad cero, en condiciones de alto riego meteorológico, que favorezcan el inicio y propagación de fuegos en el sector agrícola, forestal y zonas de interfaz urbano forestal.
Recomiendan que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) cuente con aeronaves que operen desde que amanece. Asimismo, solicitan que se revisen y apliquen correctamente los protocolos e instructivos sobre prevención de incendios. Lo propio con los protocolos de limpieza de material combustible, a la vez que se continúe con capacitaciones a las brigadistas vecinales para la prevención de incendios.
Adicionalmente, se pide que el Estado fomente, promueva y ejecute programas de prevención, limpieza y cuidados de áreas susceptibles de tener material combustible que lleven a provocar incendios. Junto a ello, que se otorguen recursos para que el Ministerio Público pueda tener una unidad especializada en investigación de incendios provocados intencionalmente con jurisdicción nacional.
Por otra parte, se estima necesario aumentar el presupuesto del Programa Manejo del Fuego. La idea es incrementar los recursos humanos y materiales para la prevención, mitigación y control de incendios forestales.
Finalmente, proponen implementar mecanismos de información, seguimiento y control al alza de precios especulativos después de catástrofes, como incendios.