Regulación aprobada promueve un proceso de transición socioecológica justa para Chile
La propuesta, derivada a segundo trámite, incorpora principios rectores en el proceso de cierre de actividades contaminantes, así como en la creación de nuevas actividades económicas, procurando un desarrollo sostenible, medidas de mitigación y la preservación de los ecosistemas.
Establecer una normativa que fije el mínimo de los principios inspiradores para regular un proceso de transición socioecológica justa, en un marco de reducción de los gases de efecto invernadero. Esa es la finalidad de un proyecto (boletín 15147) aprobado por la Sala de la Cámara y derivado a segundo trámite, al Senado.
La iniciativa se revisó de acuerdo al segundo informe de la Comisión de Medioambiente, rendido por el diputado Daniel Melo (PS), impulsor de la propuesta. Allí se observa que el texto mantuvo su mismo articulado respecto del ya aprobado en general, en la sesión del 16 de mayo.
En primer lugar, se define que el objeto de esta ley es regular el proceso de transición social, ambiental energética y económica en el marco de los compromisos internacionales adquiridos por Chile y necesidades de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, como también de protección de sumideros y ecosistemas.
La idea es que este proceso sea justo y equitativo, abordando los ciclos de producción y consumo. Asimismo, considerando las necesidades socioecológicas de las comunidades, localidades y grupos vulnerables que lo conforman.
Se entenderá por transición socioecológica justa el proceso por el cual los órganos públicos de la administración competentes, la sociedad civil, las empresas y otros actores interesados, acuerdan una serie de medidas y actos encaminados a transformar o dar término a una actividad contaminante en los casos que amerite. Junto a ello, crear nuevas actividades económicas que permitan avanzar hacia un modelo de desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero
El objetivo es permitir la adaptación al cambio climático, la preservación, restauración y reparación de ecosistemas. Así, se espera generar una sociedad con justicia social, ambiental y equidad territorial.
Principios rectores
Parte de la esencia de esta ley es levantar una serie de principios que den un marco a políticas, planes y programas. Igualmente, a normas, acciones y demás instrumentos que se dicten o ejecuten en el marco de esta ley.
En la lista se mencionan la Planificación y la Descentralización. De igual modo, se consideran la Reparación, Remediación y Restauración respecto de daños generados por el desarrollo de industrias contaminantes u otras fuentes generadoras de gases de efecto invernadero.
La Equidad es otro principio planteado. Apunta a priorizar la justa asignación de cargas, costos y beneficios, en la adopción de cualquier medida de cara a la transición, transformación o cierre de una actividad económica. La finalidad es prever y resolver problemas, patrones o dinámicas de injusticia socioambiental. También, en la adopción y establecimiento de medidas que se aborden en cada territorio afectado.
Finalmente, está el principio de Democratización. Busca una participación activa y protagónica de las comunidades en los procesos de toma de decisiones y adopción de medidas de transición socioecológica justa que les afecten.
De la aplicación y debate
El proyecto determina que el Estado podrá establecer, guiar, preparar, regular, planificar y desarrollar un conjunto de principios, procesos y prácticas que permitan lograr una transición socioecológica justa.
Luego, introduce el concepto de transición socioeconómica justa en la Leyes Marco sobre Cambio Climático y Bases del Medio Ambiente.
Y, finalmente, exige que los proyectos o actividades de actividades económicas e industriales vigentes se adecuen a los principios y normas de la transición socioeconómica justa, cuenten o no con resolución de calificación ambiental. Para ello, se otorga un plazo de dos años, contados desde la publicación de esta ley.
En el debate participaron Daniel Lilayu (UDI), Hernán Palma (IND), José Carlos Meza (PREP), Clara Sagardia (IND), Daniel Melo (PS), Francisco Pulgar (IND), Félix González (PEV), Johannes Kaiser (PREP), Carolina Tello (PC), Cristián Araya (PREP), Gustavo Benavente (UDI), Yovana Ahumada (IND), Daniel Manouchehri (PS), Luis Sánchez (PREP), Jaime Araya (IND) y Catalina Pérez (RD).
Legisladores de la UDI y de la bancada republicana expresaron múltiples críticas al proyecto. Objetaron su foco y afirmaron que carecía de compromisos concretos en pro de proteger a las comunidades.
También se dijo que este tema no es prioritario frente a otras problemáticas que enfrenta el país. Por último, entre otros argumentos, se sostuvo que el costo de las nuevas exigencias lo pagarán las personas.
En contraposición, diputados y diputadas de centro y de izquierda defendieron la iniciativa. Refutaron lo que llamaron una postura “negacionista” del cambio climático y sus efectos. Remarcaron que la problemática medioambiental es una realidad hoy y no una cuestión de futuro. En este contexto, recordaron las pasadas inundaciones y los megaincendios del verano.
Asimismo, relevaron la necesidad de proteger a la población y de generar acciones desde el Estado en esa línea. Así, evaluaron que es fundamental que los cambios productivos no afecten a las comunidades, en particular, a las más vulnerables.
Al momento de las votaciones, el texto se aprobó por 65 votos a favor, 41 en contra y 16 abstenciones.