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Familia respaldó protección de datos personales en casos de violencia intrafamiliar

La norma aprobada por la Comisión de Familia también contempla sanciones en contra de las y los funcionarios que difundan el domicilio u otra información de la víctima.

Con amplio respaldo, la Comisión de Familia despachó a la Sala el proyecto sobre protección de datos personales de las víctimas de violencia intrafamiliar (boletín 15872). La moción busca modificar la Ley de Violencia Intrafamiliar y procedimientos ante los Tribunales de Familia y con competencia en lo Penal, para establecer la reserva del domicilio, residencia, habitación, lugar de trabajo o estudio de la víctima.

Así, establece que en estos tribunales se deberá mantener la protección de datos personales en todas las actuaciones que se realicen. También, en los registros informáticos a los que tenga acceso la parte denunciada.

Del mismo modo, se deberá mantener reserva de esta información en cualquier etapa de la investigación de delitos constitutivos de violencia intrafamiliar. Esto, aun antes de la formalización o al decretar las medidas cautelares necesarias para proteger a la víctima de manera eficaz y oportuna.

Protección de datos

La norma, asimismo, modifica los procedimientos penales y civiles para garantizar la protección de datos personales en casos de violencia intrafamiliar. De todas maneras, establece que esto no debe generar una afectación de los derechos del denunciado.

El proyecto pone énfasis en la protección de la información en la presentación de querellas y denuncias criminales o civiles. Y se aplica tanto para documentos como para los registros informáticos a los que tenga acceso la parte querellada.

Junto a lo anterior, la propuesta, iniciada en moción, establece que la o el funcionario que publique, exponga, difunda o diera a cualquier título la información personal regulada en esta norma, será condenado a la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio. Esto significa que arriesga una sanción de cinco años y un día a 15 años de prisión.

Paralelamente, se expone a la inhabilidad temporal de desempeñar cargos públicos por el tiempo que dure su condena.

Sobre dicho punto, se generó un debate entre las y los diputados, pues se planteó la posibilidad de rebajar la pena. Sin embargo, quienes estuvieron a favor señalaron que lo que se afecta es la confianza de las personas en los Tribunales de Justicia. Además, la consecuencia de estos hechos puede ser incluso el asesinato de la persona querellante.