Habilitan al MOP para participar en la construcción de desalinizadoras de mar
El objetivo de la propuesta, promovida por el Ejecutivo y ahora dirigida a segundo trámite, es conseguir agua, por ejemplo, para el consumo humano, en zonas de escasez hídrica. Además, la Sala aprobó un acuerdo relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales.
Prolongadas sequías han impactado a diversas zonas del país, agotando acuíferos y reservas de agua. Así, buscando alternativas para enfrentar el problema, el Ejecutivo presentó un proyecto (boletín 16364) que hoy respaldó la Sala de la Cámara. Su finalidad es entregarle una nueva facultad al MOP que, por ejemplo, lo habilita a participar en la construcción de desalinizadoras de mar.
En particular, se faculta al Ministerio de Obras Públicas para el estudio y construcción de infraestructura hídrica. Además, se le permite destinar el agua obtenida para consumo humano en forma prioritaria y multipropósito.
La propuesta (aprobada por 141 votos a favor y 2 abstenciones), derivada ahora al Senado, especifica que corresponderá al ministerio velar por el adecuado cumplimiento de las funciones encargadas a la cartera respecto a infraestructura hídrica.
Se aclara que la infraestructura hídrica incluye, entre otras, las obras, instalaciones y plantas de desalinización de aguas y embalses También, otros tipos de infraestructura que tengan por finalidad la ampliación y sustentabilidad de la disponibilidad de agua para ser destinada al consumo humano, al saneamiento o al riego, incluyendo el tratamiento, conducción y disposición final de las aguas e infraestructura para mejorar la eficiencia de estas.
Igualmente, considera los proyectos de gestión hídrica que incorporen soluciones basadas en la naturaleza.
Lo anterior se realizará en función del interés público sobre las aguas para el resguardo del consumo humano y el saneamiento. Del mismo modo, para la preservación ecosistémica, la sustentabilidad acuífera y, en general, de todas aquellas acciones destinadas a promover un equilibrio entre eficiencia y seguridad en sus usos productivos.
De la facultad
La propuesta, presentada con el informe de la Comisión de Recursos Hídricos, entregado por el diputado Benjamín Moreno (PREP), cambia la denominación de la Dirección de Riego por la de “Obras Hidráulicas”.
Luego, detalla que le corresponderá el estudio, diseño, construcción, ejecución, reparación, modificación, ampliación, conservación y operación de obras, instalaciones y plantas desalinizadoras de aguas y embalses.
Igualmente, verá infraestructuras hídricas que tengan por finalidad la ampliación y sustentabilidad de la disponibilidad de agua. Asimismo, el riego y proyectos de gestión hídrica que incorporen soluciones basadas en la naturaleza, cuyo propósito sea la producción u obtención de recursos hídricos que se destinen en forma prioritaria para el cumplimiento de la función de subsistencia, que incluye el uso de consumo humano y el saneamiento.
Para estas funciones se tendrá en consideración la función de preservación ecosistémica de las aguas. Y, para dar cumplimiento al derecho humano de acceso al agua potable y al saneamiento, la Dirección de Obras Hidráulicas podrá ofrecer las aguas resultantes y su producción a prestadores de servicios sanitarios.
Complementariamente y en forma residual, se podrá destinar el recurso a otros fines de carácter multipropósito.
Fundamentos
Según explica el Ejecutivo en el mensaje, el tema surgió en el contexto del desarrollo de la “Planta desaladora de la Cuarta Región de Coquimbo”. Así, la Dirección General de Concesiones del MOP solicitó, el 21 de septiembre de 2020, un pronunciamiento a la Contraloría General de República acerca de la procedencia de ejecutar, bajo el mecanismo de concesiones de obra pública, un proyecto de desalinización multipropósito para la producción de agua destinada al consumo humano, minería, riego y actividad industrial.
El 7 de julio de 2021, la Contraloría respondió que la obra podía realizarse a través del sistema de concesiones solo si fuera parte de una obra de riego. Así, se considerarían los demás fines como servicios complementarios, constituyendo aquello una limitación técnica y legal.
En este contexto, se estimó necesario establecer las condiciones legales que habiliten al MOP, a través de sus Direcciones, a seguir colaborando activamente en el proceso de estudio, desarrollo y operación de infraestructura hídrica en el país, tales como plantas desalinizadoras y embalses, que tenga por finalidad la ampliación y sustentabilidad de la disponibilidad de agua para ser destinada al consumo humano, al saneamiento o al riego; y proyectos de gestión hídrica que incorporen soluciones basadas en la naturaleza.
Discusión
En el debate participaron Daniel Lilayu (UDI), Clara Sagardia (IND), Carolina Tello (PC), Mauricio Ojeda (IND), Francisco Pulgar (IND), Marta Bravo (UDI), Nelson Venegas (PS), María Francisca Bello (PCS), Joanna Pérez (DEM), Nathalie Castillo (PC), Flor Weisse (UDI), Frank Sauerbaum (RN), Miguel Ángel Calisto (IND), Camila Musante (IND), René Alinco (IND), Juan Carlos Beltrán (RN), Jaime Mulet (FRVS), Emilia Nuyado (PS), Jorge Rathgeb (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Eduardo Cornejo (UDI), Héctor Barría (DC) y Ana María Bravo (PS). Por el Ejecutivo expuso la ministra de Obras Públicas, Jessica López.
En las intervenciones, en general, se valoró la propuesta y se estimó necesario avanzar en iniciativas como esta. Así, varios resaltaron la importancia de instalar plantas desalinizadoras para garantizar la disponibilidad del recurso hídrico en regiones donde la sequía se ha instalado desde hace años.
También se rescató que es un tema de relevancia para la ciudadanía, donde el Estado podrá participar activamente, en colaboración con el sector privado.
Acuerdo sobre transmisión electrónica
En la sesión, además del tema de la facultad del MOP para participar en la construcción de plantas desalinizadoras, se aprobó un nuevo acuerdo internacional. El texto (boletín 14775) se presentó a través de los informes de las comisiones de RREE y de Hacienda, rendidos por Ximena Ossandón (RN) y Carlos Bianchi (IND), respectivamente.
El tratado refiere a acuerdos sobre la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales. Se firmó en Medellín, Colombia, el 24 y 25 de julio de 2010.
Según explican los citados informes, la cooperación jurídica internacional es un mecanismo de colaboración entre Estados. Permite llevar a cabo actuaciones en el marco de un proceso judicial en un Estado distinto a aquél en el que se desarrolla, facilitando su tramitación.
Dicha cooperación se origina en la limitación territorial de los poderes jurisdiccionales. Se basa, generalmente, en tratados o acuerdos bilaterales o convenios multilaterales firmados entre ellos.
Así, este acuerdo tiene por objeto acelerar la tramitación y la remisión de las solicitudes de cooperación jurídica entre Estados. Particularmente, ello se verifica al posibilitar que las autoridades centrales utilicen de manera preferente medios electrónicos para ello.
La iniciativa se respaldó en general y en particular por 139 votos a favor y 2 abstenciones. Se derivó al Senado.