Sala respaldó tres informes de comisiones investigadoras
Se trata de las indagatorias sobre el nuevo hospital de Alto Hospicio; eventuales acciones de contrabando y venta de productos falsificados de La Polar; y sobre licitaciones del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia.
La Sala de la Cámara respaldó esta tarde tres informes de comisiones investigadoras. La primera de ellas apunto a la construcción, recepción y puesta en marcha del nuevo hospital de Alto Hospicio, en la región de Tarapacá (CEI 13).
Igualmente, analizó la inversión pública en infraestructura hospitalaria efectuada en dicha región y eventuales irregularidades en los procesos de licitación, entre los años 2018 y 2022.
El texto, aprobado por 90 votos a favor y una abstención, lo rindió la diputada Danisa Astudillo (PS). En él se constata un incremento en el plazo para la ejecución del proyecto. Ello se debió a reprogramaciones cuyas causas no se conocieron en detalle por la comisión.
Se observó que la pandemia contribuyó a conjeturar una explicación acerca del retardo. Sin embargo, no se pudo concluir categóricamente que la demora se haya debido exclusivamente a dicha causa.
También se remarcó la dificultad para entender la cronología de fechas entregadas. Al respecto, se acusó un relato, en ocasiones genérico y poco claro, de los funcionarios que declararon.
El informe enfatiza que resultó complejo entender la descripción de las fases de apertura de las distintas dependencias y actividades del hospital. Así, resaltaron que hubo datos que difirieron entre sí, por ejemplo, en cuanto a la cantidad de unidades comprendidas en cada fase de apertura.
Otro punto destacado es el compromiso de aclarar denuncias de eventuales vínculos entre trabajadores del Ministerio de Obras Públicas y la empresa constructora del hospital. “En el caso de que ello ocurra, es fundamental conocer la naturaleza jurídica específica de los mismos”, se sostiene en el informe.
Entre sus sugerencias, se insta a remitir los antecedentes disponibles a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público. La idea es que las entidades determinen si ameritan acciones administrativas o penales, respectivamente.
Informes de las otras investigadoras
El segundo de los informes de comisiones investigadoras abordó el caso de eventuales acciones de contrabando y venta de productos falsificados de La Polar (CEI 15). Se aprobó por 73 votos a favor y 19 abstenciones.
El texto señala que hubo un modus operandi de falsificación de ropa. Por ende, recomienda la adopción de diversas modificaciones legales. Entre las medidas a adoptar destacan:
- Modificar la Ley de propiedad industrial, vinculado con la persecución penal.
- Revisar la configuración del delito de contrabando que se contempla en la Ordenanza General de Aduanas.
- Modificar la Ley 19.912, que adecúa la legislación conforme a los acuerdos de la Organización mundial del Comercio (OMC), suscritos por Chile.
- Avanzar respecto de la tipificación del delito de mentira en el derecho del consumidor, que actualmente no considera nuestra legislación penal.
- Revisar la tipificación del delito de falsificación contemplada en la normativa vigente.
Finalmente, el tercero de los informes de comisiones investigadoras reunió 89 votos a favor y 1 abstención. La indagatoria se centró en las licitaciones del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia (CEI 17).
En el texto se expresa la convicción del grupo parlamentario “de que la implementación del nuevo Servicio se realizó de forma apresurada y desprolija”. Especialmente, se observó un actuar descoordinado entre el Sename y Mejor Niñez, respecto a posibles alertas y nudos críticos en el proceso de traspaso.
Se estimó que los procesos licitatorios deben ser llevados de manera eficiente y rigurosa, tanto en su desarrollo como en su ejecución. Ello, porque están destinados exclusivamente a la atención de quienes han sufrido vulneración de derechos.
En todo caso, se reconoce que no hubo segundas intenciones en torno a las licitaciones fallidas. Empero, se llama a abordar con urgencia la necesidad de implementar medidas tendientes a mejorar el diseño de administración y gestión de concursos en el Servicio.
Por otra parte, en materia de listas de espera, se observó una falta de capacidad de cuantificar realmente las listas de espera, pues el servicio no se encontraba interconectado con el Poder Judicial. Ello impidió que el sistema fuera expedito y generó puntos ciegos.