Comisión prosigue con votación de normativa para prevenir incendios forestales
La Comisión de Vivienda acordó con el gobierno un protocolo para asegurar asesoría técnica para pequeños propietarios que deben implementar corta fuegos u otras medidas.
Establecer nuevos instrumentos para reducir el riesgo de incendios forestales y rurales es uno de los objetivos del proyecto que analiza la Comisión de Vivienda. La norma presentada por el gobierno (boletín 16335) también pretende fortalecer aquellos mecanismos ya existentes para la prevención y el combate de estos siniestros.
Dentro de las normas aprobadas en esta sesión se encuentran las definiciones que enmarcarán esta ley. Así, por ejemplo, se define la amenaza de incendio como la existencia de condiciones y acciones, de origen antrópico o natural, propicias para el inicio de un fuego que, de no ser controlado, puede transformarse en un incendio forestal o rural.
Del mismo modo, entrega las definiciones de combustible, cortafuego, exposición, faja contracombustible y manejo integral del fuego. Junto a esto, agrega las definiciones de mitigación de incendios, pauta de prescripciones técnicas y plan de manejo preventivo.
Este último fue perfeccionado por una indicación para establecer con claridad el resguardo de la vida de las personas, los bienes propios y de terceros, la infraestructura y los ecosistemas.
Además de las definiciones, la comisión también respaldó que el servicio a cargo de la implementación de esta ley deberá definir las áreas de amenaza. Para esto deberá dictar una resolución, al menos cada 5 años, que determine la clasificación del territorio según los niveles de ocurrencia de incendios.
Finalmente, la instancia también respaldó una pauta de prescripciones técnicas para la prevención de incendios y un plan de manejo preventivo.
Protocolo de prevención
El inicio de la votación del proyecto fue complejo. Esto debido a la demanda de algunos parlamentarios de apoyo del Estado a los pequeños propietarios para la implementación de medidas preventivas.
Tras una negociación entre las y los diputados y el gobierno, la comisión logró un protocolo de acuerdo para destrabar el debate. En primer lugar, señala que existirá asesoría técnica para pequeños propietarios en la implementación de cortafuegos u otras medidas idóneas para la prevención de incendios. El texto establece que esta será de parte de servicios públicos como el INDAP, los gobiernos regionales y la Conaf. Además, que el financiamiento para la ejecución de las medidas será evaluado de acuerdo a los programas y presupuestos existentes.
Por otro lado, el Ministerio de Agricultura se comprometió a generar una nueva definición de pequeños propietarios; materia que sería normada en la nueva ley de fomento forestal y con criterios distintos a la extensión de hectáreas. De todas maneras, agrega el protocolo, en el proyecto en debate se hará una distinción especial para asegurar un enfoque correcto a pequeños propietarios.
Finalmente, el documento establece a través de un artículo transitorio en el proyecto, que la Conaf estará a cargo de la implementación de las nuevas medidas. Esto mientras entre en funciones su sucesor legal, el Servicio Nacional Forestal (boletín 11175).