Dan consistencia legal al Servicio de Auditoría Interna de Gobierno
La entidad, constituida originalmente por decreto, tendrá un perfil independiente, de carácter técnico y calificado. Contribuirá a agregar valor y fortalecer los procesos de gestión de riesgos, de control interno y de gobernanza de los órganos de la administración del Estado.
Entregarle un reconocimiento legal al Servicio de Auditoría Interna de Gobierno (SAIG), así como consolidar su institucionalidad administrativa y funcional, es la finalidad del proyecto (boletín 16316) despachado por la Sala de la Cámara a segundo trámite, al Senado.
Se aprobó en su idea de legislar por 131 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones, respecto de sus normas generales. Las normas de quórum especial se ratificaron por 132 votos a favor y cuatro abstenciones.
El texto se presentó a través del informe de la Comisión de Hacienda, rendido por el diputado Alexis Sepúlveda (PR).
En él se explica que la institución, actualmente, está regulada por decreto. Así, la idea es, ahora, consolidarla por ley, como una entidad independiente, técnica y calificada. Se relacionará con el/la Presidente/a de la República a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
El Servicio tendrá por objeto contribuir a agregar valor y fortalecer los procesos de gestión de riesgos, de control interno y de gobernanza de los órganos de la administración del Estado, a través de actividades de aseguramiento y asesoramiento en materia de auditoría interna, que contemplen el análisis de la gestión respecto de la economía, eficiencia y eficacia.
También velará por el cumplimiento de las normas y procedimientos; la protección de los recursos públicos y la probidad. Igualmente, respecto de la ejecución de las políticas, programas y decisiones de la respectiva autoridad.
Para lograr dicho objeto, el SAIG será el órgano encargado de dirigir y coordinar la Red de Auditoría Interna. Ello se realizará en conjunto con la Contraloría General de la República.
Para lo anterior, proporcionará evaluaciones imparciales y objetivas respecto del empleo de recursos públicos. Con esto se espera que propicie una adecuada rendición de cuentas e integridad en sus actos, mejorando las operaciones y el adecuado uso en los recursos mediante la evaluación y la recomendación de mejoras en la gestión de la administración del Estado.
Política de Auditoría y atribuciones
El Servicio de Auditoría Interna de Gobierno elaborará la Política de Auditoría General de Gobierno. La propondrá para su presentación y posterior aprobación del/ la Presidente/a de la República. Se concretará a través de un decreto supremo expedido a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Durante la elaboración de la Política deberá considerar la opinión del Consejo Consultivo de Auditoría Interna. Esta unidad asesorará al/la auditor/a general de Gobierno en sus áreas de competencia.
La Política será un instrumento que contendrá los lineamientos estratégicos en materias de auditoría interna, gobernanza, control interno y gestión de riesgos que deben seguir los órganos públicos, durante un período de cinco años.
Corresponderá al Servicio revisar la Política, al menos, a la mitad del período de su vigencia. De estimarlo necesario, propondrá su actualización.
Entre las funciones y atribuciones del Servicio estará el asesorar al/la Presidente/a de la República, ministros/as, subsecretarios/as y jefes/as o autoridades superiores del sistema público en materias de auditoría interna, gobernanza, control interno y gestión de riesgos.
Igualmente, propondrá normas, modelos, acciones e instrumentos para fortalecer la auditoría y controles internos, así como la probidad.
También velará por la coordinación y cooperación técnica entre organismos públicos y privados, nacionales e internacionales.
Finalmente, entre otras variadas disposiciones, se regula la integración de sus diversos componentes, el organigrama y el personal del SAIG, su patrimonio institucional y la Red de Auditoría Interna.
Debate
Expusieron en el debate Jaime Naranjo (PS), Daniel Lilayu (UDI), Diego Schalper (RN), Carolina Tello (PC), Bernardo Berger (IND), Enrique Lee (IND), Jaime Mulet (FRVS) y Leonardo Soto (PS).
La mayoría se manifestó a favor de la propuesta. Se estimó relevante avanzar en un mayor control interno en los distintos niveles de la administración pública, especialmente, dado los casos de corrupción conocidos por la opinión pública. Así, con esta institución, se podrán unificar los criterios y procesos de fiscalización, en una labor complementaria a la de la Contraloría.
Justamente, sobre esta última entidad, hubo varias intervenciones que expresaron sus visión sobre el punto. Para algunos, el articulado despejó cualquier duda sobre una posible duplicidad de tareas o confusión de atribuciones. Otros, en tanto, consideraron que ello no es tan claro y que debiera especificarse más.
La única opinión contraria fue la del diputado Schalper. Criticó que se puede debilitar la labor de la Contraloría cuando se debería reforzar. Además, planteó dudas respecto de la verdadera autonomía del Servicio, cuando puede intervenir el Presidente en algunas de sus decisiones.