Apoyan informe sobre osamentas sin identificar de víctimas de desaparición forzada
La comisión investigadora tuvo un foco mayor en el accionar del Servicio Médico Legal y del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile. Entre las conclusiones se acusan negligencias y falta de documentación conductora en el traslado de las osamentas.
“No hay explicación alguna que justifique la existencia, por más de dos décadas, de eventuales evidencias que estarían vinculadas a violaciones de los DDHH en dependencias de organismos del Estado sin que, salvo excepciones, se realizaran pericias para su identificación”. Esta es una de las conclusiones de la comisión investigadora (CEI 24) sobre osamentas sin identificar de víctimas de desaparición forzada (VDF) que hoy la Cámara respaldó por 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones.
El informe, rendido por quien fuera la presidenta del grupo, diputada Lorena Pizarro (PC), valora que el Ministerio de Justicia ordenara una revisión especial, a cargo de su Unidad de Auditoría, al Programa de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal (SML), en particular, respecto de las 89 cajas que en 2019 la Universidad de Chile le entregó por orden judicial.
Asimismo, se considera adecuado que se realice una investigación administrativa, a cargo de un fiscal externo. Ella indagaría sobre los hechos ocurridos en la Unidad de Derechos Humanos del SML. Junto a ello, se aspira a encargar un sumario que busque responsabilidades. Así, se espera identificar y sancionar a quienes, por décadas, mantuvieron sin periciar muestras óseas que podrían pertenecer a VDF.
Falta de documentación de las osamentas
Otra conclusión indica que no fue posible determinar por qué el traslado de evidencias no contó, en todos los casos, con la necesaria documentación conductora.
Se destaca, asimismo, la acción de las autoridades del Ministerio de Justicia de la presente administración. “Ha permitido que se concluya la clasificación de evidencias existente en el SML”, se acota. Esto, agrega el informe, permitió que se ponga a disposición de los ministros en visita para casos de DDHH la información, para que estos determinen las pericias correspondientes sobre estas osamentas sin identificar.
Por otra parte, se estima “incomprensible que el Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile haya confundido las cajas que mantenía en custodia por orden judicial con algunas cajas con elementos de su propiedad destinados al estudio de materias que le competen”.
También se considera que el Plan Nacional de Búsqueda podrá impulsar la concreción de pericias necesarias en esta materia. De tal forma, se espera que, de una vez por todas, se determine si las evidencias existentes tienen relación con VDF de la dictadura.
Recomendaciones
La CEI 24 recomienda al Ministerio de Justicia que realice una permanente fiscalización del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia. Se espera que, efectivamente, impulse y respalde las diligencias judiciales y las pericias que correspondan en relación con eventuales VDF.
Igualmente, se propone que se disponga de recursos para identificar fragmentos y restos óseos que estén en cualquier dependencia pública o privada.
En paralelo, se plantea que el Gobierno entregue informes cuatrimestrales a la Comisión de DDHH de la Cámara. La idea es registrar el avance del trabajo del SML para la identificación de VDF.
Asimismo, se solicita que dicho servicio comunique los resultados de la investigación administrativa y los eventuales responsables de los hechos ocurridos. De igual modo, que de cuenta de las medidas adoptadas para evitar que se vuelvan a repetir hechos como los detectados. “En particular, la inexistencia de protocolos sobre la salida o ingreso de material puesto a su consideración; y la demora excesiva para la realización de pericias vinculadas con causas de derechos humanos”, sentencia el informe.
Por último, se recomienda al Ejecutivo dar cuenta permanentemente a los familiares de víctimas de los avances en materia de investigaciones. Y, junto a ello, que se ordene periciar a laboratorios extranjeros y acreditados, las osamentas que eventualmente podrían ser de VDF.
Discusión
En el debate participaron Daniel Lilayu (UDI), Marcela Riquelme (IND), Luis Sánchez (PREP), Claudia Mix (Comunes), Cristián Araya (PREP), Francisco Pulgar (IND), Lorena Pizarro (PC), Francisco Undurraga (Evop) y Johannes Kaiser (IND).
Los tres diputados republicanos y Daniel Lilayu anunciaron su voto contrario al informe. Entre sus observaciones se dijo que hubo una utilización política del tema. También se acusó que el Estado fue un cómplice pasivo de la situación y apelaron a que, prontamente, se entregue recursos para superar este caso de osamentas sin identificar.
Adicionalmente, se dirigió una dura crítica a los tribuales de justicia. Se refutó que los jueces no encargaran las pericias necesarias para la identificación de los restos de las 89 cajas. Así, se estimó que el informe no va lo suficientemente lejos para identificar a los responsables de esta negligencia.
Quienes se expresaron a favor del informe consideraron que no se deben ignorar los hechos del pasado para avanzar en democracia. Se planteó como un hito esencial conocer la verdad de los hechos, cómo murieron esas personas VDF y quiénes fueron los responsables de tales crímenes.
Por otra parte, se sostuvo que este caso de osamentas sin identificar fue una revictimización para los familiares. “89 cajas que pueden ser o no de nuestros familiares. Eso es parte del horror. La incertidumbre sigue a pesar que se nos diga que ahí pueden estar”, comentó la diputada Pizarro.
Finalmente, entre otras opiniones, se relevó el Plan de búsqueda impulsado por el Gobierno y se llamó a no profundizar en la impunidad.