Despachan normativa de prevención de incendios forestales y rurales
La iniciativa, que pasa a segundo trámite al Senado, establece nuevos instrumentos para reducir el riesgo asociado a la ocurrencia de incendios forestales y rurales en el territorio nacional.
La Sala de la Cámara aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que regula la prevención de incendios forestales y rurales (boletín 16335). El texto busca establecer nuevos instrumentos y fortalecer los ya existentes para reducir el riesgo de estos siniestros.
El proyecto -ingresado en octubre de 2023 por el Ejecutivo- considera que, de acuerdo a las predicciones climáticas de las próximas décadas, los mega incendios se producirán cada vez con mayor frecuencia. Por ello, es necesario contar con una estrategia de prevención y de planificación territorial.
Para ese fin, la propuesta fortalece la estrategia de prevención y propone definir zonas de interfaz urbano-rural forestal (ZIURF) en áreas de amenaza media, alta o crítica en planes reguladores intercomunales o planes seccionales. Asimismo, fortalecer los instrumentos de gestión forestal existentes en base a clasificaciones de riesgo de los territorios y una pauta técnica.
Por otra parte, se crean zonas de amortiguación forestal (ZAF) de aplicación inmediata en el territorio. Esto en el caso de no existir instrumentos de planificación territorial o instrumentos de gestión forestal actualizados.
Zona de Amortiguación Forestal
El texto fue discutido en las comisiones de Vivienda y Hacienda, en enero de 2024. En la votación de la Sala -por 72 votos a favor, 70 en contra y 2 abstenciones- se rechazó el criterio de la Comisión de Hacienda de reponer una indicación del gobierno para modificar las normas de cumplimiento de acciones o medidas en zonas de amortiguación forestal; es decir, respecto a reducir o eliminar la continuidad de vegetación arbórea, arbustiva o herbácea (Art. 17).
El cambio establecía que los responsables de implementar dichas acciones son los propietarios de los predios comprendidos en dicha área. El Servicio Nacional Forestal (Sernafor) -que reemplazará a Conaf– podría asistir técnicamente a los propietarios en el proceso de implementación de dichas medidas.
Por otra parte, se complementaban las acciones que adoptará el Servicio ante el incumplimiento de lo señalado anteriormente. Así, tendría la facultad para ejecutar en los predios las acciones preventivas, sin más trámite, por cuenta del mencionado propietario. Para realizar las acciones podría disponer en su resolución el auxilio de la fuerza pública, así como celebrar convenios de cooperación con las municipalidades respectivas para ejercer estas medidas.
Al contrario, la Sala respaldó -con 77 votos a favor, 61 en contra y 5 abstenciones- la postura de la Comisión de Vivienda de incorporar la propuesta parlamentaria que establece que, en caso de daño patrimonial efectivamente causado, el propietario del predio deberá ser indemnizado. El gobierno consideró este punto como inconstitucional.
En otra materia, también se rechazó -con 62 votos a favor, 72 en contra y 11 abstenciones- la admisibilidad de las normas del Título II del proyecto relativo a la restauración de áreas siniestradas y sus limitaciones. Los citados artículos proponían limitar el cambio en el uso de suelos de áreas siniestradas por lo menos por 30 años.
Prevención de incendios
El proyecto considera la prevención de incendios forestales y rurales para lo que establece una serie de principios, definiciones y planes preventivos. Por otra parte, normas de fiscalización y facultades sancionatorias a cargo del Servicio Nacional Forestal. En ese último capítulo, se establecen instancias de denuncia por incumplimiento de instrumentos de gestión y rango de sanciones.
El texto también considera el acompañamiento de Conaf e Indap a los medianos y pequeños propietarios forestales para ejecutar medidas de mitigación de incendios. Ello, dependiendo del mapa de riesgo por zonas que Conaf tiene identificadas.
Discusión
El informe de la Comisión de Vivienda fue presentado en la Sala por el diputado Tomás Hirsch (AH); mientras que el de la Comisión de Hacienda lo rindió el diputado Boris Barrera (PC).
Además, intervinieron en el debate las y los diputados Félix González (PEV), Luis Sánchez (PREP), Johannes Kaiser (IND), Luis Cuello (PC), Carolina Marzán (PPD), Felipe Donoso (UDI), Héctor Barría (DC), Francisco Undurraga (EVO), Francisco Pulgar (IND), René Alinco (PPD), Leonidas Romero (IND), Nelson Venegas (PS), Camila Rojas (Comunes), Jorge Rathgeb (RN), Carolina Tello (PC), Felipe Camaño (IND), Jorge Brito (RD), Emilia Nuyado (PS), Mauricio Ojeda (IND), Gloria Naveillán (IND), Jorge Guzmán (EVO), Daniel Lilayu (UDI), Tomás Hirsch (PAH), Diego Ibáñez (CS), Andrés Jouannet (AMA), Sergio Bobadilla (UDI), Raúl Leiva (PS) y Héctor Ulloa (IND).
En términos generales, las alocuciones lamentaron el mega incendio de la región de Valparaíso. Y, por lo mismo, reconocieron la necesidad de avanzar en normativas que prevengan estos siniestros, además de aumentar las sanciones a quienes los provocan.
Sin embargo, para un grupo de legisladores la norma en discusión no resuelve ninguna de las causas que provocaron el incendio. Sus críticas se centraron en señalar que el proyecto entregaba una responsabilidad a los propietarios de predios que debería estar en manos del Estado. A su juicio, son los municipios con apoyo del gobierno quienes deben encargarse de hacer y mantener los cortafuegos. Esto, porque de otro modo, se afectará a pequeños propietarios, agricultores y silvicultores.
Además, se criticó que la norma no contiene elementos para la prevención de siniestros. Incluso, se señaló que tal como se encuentra podría ser cuestionada en el Tribunal Constitucional por afectar el derecho a la propiedad. Así también por impedir el cambio de uso de suelo.
Entre quienes promovieron y respaldaron el proyecto se señaló que no es real que se pretenda una “expropiación encubierta” de terrenos. Sólo se busca terminar con eventuales incentivos para la quema de terrenos donde posteriormente emergen proyectos inmobiliarios.
Si bien reconocen que este proyecto no contiene todos los elementos necesarios para hacer frente a estas crisis, aseguraron que es un avance necesario. A su juicio, es urgente que exista una responsabilidad por parte de los privados de hacer y mantener cortafuegos. Señalaron, finalmente, que de haber existido esta normativa, muchas vidas podrían haberse salvado.